Redacción-Debido a que aproximadamente un 50% de los trabajadores de las cosechas del país son extranjeros, procedentes principalmente de Nicaragua y Panamá, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) presentó un decreto con el objetivo de mejorar la relación laboral para ambas partes.
La legislación actual no coincide con la realidad de los sectores agropecuarios, acuícolas y de agroindustria lo que ha ocasionado una serie de problemas a los productores del país y la necesidad de que el estatus de los trabajadores migrantes sea recalificado.
Según datos de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) del Ministerio de Agricultura, el sector requiere de 73.000 trabajadores migrantes para cubrir las cosechas, siendo que tan solo para la recolección de café se requieren de 37.000 a 40.000 de ellos en la fase inicial de la cosecha, sin contabilizar los requerimientos del resto de los sectores para la recolección en las zafras de caña de azúcar, naranja y melón.
Estos trabajadores migrantes pueden ser transfronterizos o temporales que llegan por su propia voluntad a falta de trabajo en su propio país. En el caso de los transfronterizos, laboran principalmente en las fincas de la Zona Norte, por períodos que ellos mismos determinan, generalmente cortos, sin que el empleador pueda hacer nada al respecto.
Algunos de ellos trabajan para obtener el dinero que necesitan y regresan a su país de origen, lo que implica problemas de control sobre estos trabajadores, así como para la estimación de derechos laborales y de permisos de trabajo en el país.
“Es un trabajador que se contrata únicamente en las épocas de cosecha. Por lo tanto, no se puede calificar como un empleado afianzado o permanente en la actividad laboral del país, como pretenden algunos funcionarios de gobierno”, explicó Juan Rafael Lizano, presidente de la CNAA.
Por otra parte, existe población extranjera residente en el país, que se encuentran en situación irregular, con capacidad para atender las labores del sector agropecuario pero que por las disposiciones legales actuales no pueden obtener permisos laborales.
Es por esto que los agricultores solicitan que el Gobierno declare un régimen de excepción, con la finalidad de que los diferentes productores agropecuarios puedan proceder a legalizar la situación migratoria de los trabajadores que no tienen la posibilidad de cumplir con los requisitos que se exigen para obtener las distintas categorías migratorias.
Además solicitan establecer una coordinación interinstitucional, de manera que ese trabajador temporal, transfronterizo o por cuenta propia, pueda cumplir con los requisitos de una forma económica y ágil, a fin de que se les extienda la autorización correspondiente para ser contratados para las labores de recolección de cosechas.
Actualmente, el salario mínimo de Nicaragua es de $154 al mes y en Panamá de $389 mientras que en Costa Rica se pagan unos $462 al mes.
