San José – Varios diputados de la Asamblea Legislativa coincidieron en que el decreto firmado por el presidente Luis Guillermo Solís que encarece la gasolina y subsidia a 90 empresas con asfalto, búnker y gas, debe ser suspendido y además, ser investigado.
Uno de ellos es el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Luis Vásquez, quien señaló que el decreto va en contra del bolsillo de los costarricenses e insistió en que es inaceptable que los ticos paguen por ello. Ante esto, envió una nota al presidente Solís para que se aclare la situación.
«Envié una nota para que me digan cuál es la supervisión para que las empresas no usen los materiales en obras privadas (…) Me parece que es desafortunado lo que dice la viceministra Cañas, son declaraciones bastante irresponsables. Son propuestas irracionales», expresó el legislador socialcristiano.
De igual forma, el diputado Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana de Cartago, expresó que avalan la consulta del Fiscal General a la Contraloría para que investigue el decreto.
«Nosotros vamos a enviar una consulta a la Contralora. Si el decreto no tiene fundamento, se tendrá que derogar, más si no hay controles. Lo que abogo es que se actúe a la legalidad y que no se golpee a los costarricenses. Se debería suspender el decreto mientras se investigue y no vemos posible que los costarricenses subsidien el asfalto», dijo el diputado, quien además es presidente de la Comisión de Ingreso y Gasto Público.
Por otro lado, el diputado del PLN, Rolando González, expresó que no se puede permitir que no existan controles para verificar el uso de recursos públicos, haciendo alusión al criterio de Recope, entidad que afirma que no hay regulaciones para saber si los productos subsidiados se utilizan en obra privada.
«Creo que el gobierno debe revisar el decreto y los criterios de fiscalización. No podemos guardar silencio ante una acción como esta sin debido control (…) En principio, donde no hay control en el uso de fondos públicos, debe haber una medida de contingencia, como la suspensión o modificación», dijo el diputado legislador.
Asimismo, el legislador verdiblanco, Juan Marín, coincidió también en que el decreto debe ser suspendido en tanto se haga la investigación.
«Hay que hacer un levantamiento de la información, hacer la investigación y suspender el decreto hasta tanto no esté la investigación. Si el decreto fue una ocurrencia y está respaldando el uso de recursos de manera informal, aquí un error enorme», comentó el legislador.
El viernes anterior, el fiscal general Jorge Chavarría dijo que pedirá a la Contraloría General que inicie una investigación contra el decreto firmado por Solís.
Si el Pueblo no reclama a todos en el Gobierno costarricense (Legislativo-Ejecutivo-Judicial) «se le pasa»! Para que les pagamos a nuestros diputados?? El Gobierno/Estado hace negocios privados con fondos y propiedades públicas? Osea: políticos lucran con el Pueblo.
Que se dejen de notitas y pendejadas y pongan un recurso de amparo o lo que corresponda.
ya debemos de quitarles la piñata de los politicos que lucran haciendo negocios fraudulentos con fondos y propiedades que pertenecen al pueblo costarricense ya basta de tanta fiesta…NOOOOO MAS se les termino el festin vamos COSTA RICA ya no permitamos que no roben a vista y paciencia…somos labriegoa y sencillos pero nos han la cara de ingenuos….que nos chupamos gobierno tras gobierno el dedo lleno de atolillo…
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