San José – La presidencia de la República no emitirá ningún pronunciamiento sobre la investigación que abrió la Fiscalía de Anticorrupción ante el decreto firmado por el presidente Solís que subsidia a 90 empresas privadas.
Según confirmó el Ministerio de la Presidencia ante una consulta de este medio, el gobierno no emitirá ninguna declaración precisamente por la investigación abierta por las autoridades de anticorrupción.
Asimismo, la presidenta de Recope, Sara Salazar, no ha atendido a este medio, luego de que hace semana y media se intenta con la oficina de prensa de esa entidad concretar una cita con Salazar.
El subsidio fue aprobado el pasado 12 de enero bajo el decreto 39437-MINAE y en el cual, se estable el cobro de ¢9 colones por litro de combustible para subvencionar las tarifas de gas, asfalto y búnker.
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La semana anterior, Jorge Chavarría, Fiscal General, argumentó que podría existir algún tipo de roce entre este decreto y la ley orgánica de Recope, pues en el artículo número seis de esta legislación, se prohíbe a la empresa estatal el otorgamiento de subsidios, donaciones o subvenciones.
Además, Chavarría aseguró que en caso de darse alguna anomalía con algún miembro de los supremos poderes la fiscalía general intervendrá de inmediato.
En total, las 90 empresas que reciben el subsidio se benefician con más de ¢2.500 millones de colones mensuales por dicha subvención.
