Redacción – Está todo listo para que el Senado brasileño decida si la mandataria suspendida Dilma Rousseff es apartada de su cargo o puede continuar en el mismo.
La votación estaba prevista para las 11:00 de la mañana, sin embargo se retrasó porque hubo intervenciones más largas de lo previsto.
Los senadores deberán responder la pregunta: «¿La acusada cometió crímenes de responsabilidad y debe ser condenada con la pérdida del cargo y el impedimento para ejercer cargos públicos por 8 años?»
La defensa de la jefa de Estado pidió que la votación sea dividida en dos partes: solicitó que los senadores voten por separado la pérdida del mandato y el impedimento para ejercer cargos públicos.
Tras un largo debate, finalmente el Tribunal concedió ese reclamo y se votará por separado.
Luego de conocerse el resultado, Rousseff hablará con la prensa, aunque no responderá preguntas.
El Senado brasileño escuchó el martes por última vez los argumentos de la defensa y la acusación en el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff y ahora se apresta a dictar la sentencia definitiva.
En sus últimas intervenciones, la parte acusadora y la defensa no aportaron nada nuevo, reiteraron alegatos esgrimidos a lo largo del proceso y tampoco parecieron convencer a unos senadores que, en su mayoría, dicen tener ya una opinión formada y, según sondeos que ha publicado la prensa local, decididamente favorable a la destitución.
Tomó primero la palabra la abogada de la acusación, Janaina Paschoal, quien consideró «probados» todos los cargos contra la mandataria y exigió al Senado su destitución.
«El fraude está comprobado» y «los senadores no pueden votar al margen de esa realidad», declaró Paschoal, quien dijo apoyarse en declaraciones de los testigos escuchados, las «voluminosas pruebas» presentadas por la acusación y los propios balances del Estado, en los que sostuvo que se reflejan «todas» las irregularidades.
La presidente, suspendida de sus funciones desde que se instauró el proceso, el pasado 12 de mayo, responde por la emisión de tres decretos que alteraron los presupuestos sin la venia del Congreso y atrasos en depósitos en la banca pública que generaron costosos intereses y se configuraron como créditos, según la acusación.
Paschoal también respondió con vehemencia a la tesis del golpe esgrimida por Rousseff y su defensa para descalificar al proceso.
«Nada ha sido hecho fuera de la legalidad. Es un proceso que es del pueblo, de cada uno de los brasileños que se manifestó» en las calles contra Rousseff, indicó en alusión a las multitudinarias protestas que ocurrieron durante el año pasado, en las que llegaron a participar casi cuatro millones de personas.
El abogado defensor, José Eduardo Cardozo, insistió, sin embargo, en que se habrá «consumado un golpe» si Rousseff fuera condenada y culpó de esa «conspiración» a «una élite política y económica».
En un encendido discurso, Cardozo sostuvo que las acusaciones «son tan técnicas, tan sofisticadas y tan confusas, que la enorme mayoría de los brasileños no entiende de qué la acusan».
Según el abogado, «fue acusada» porque fue reelegida en 2014 «afrontando los intereses de aquellos poderosos que querían cambiar el rumbo de Brasil» y porque «facilitó las investigaciones sobre corrupción».
