Álvaro Sánchez Córdoba
Periodista de Telenoticias, canal 7
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Me he desempeñado por muchos años como sucesero, madrugadas y trasnochadas me han tocado junto a policías y agentes del OIJ.
Quien me conoce sabe que soy un defensor del trabajo policial porque creo en la inmensa mayoría de los agentes judiciales y conozco su empeño y dedicación. También, estoy seguro que la mayoría, comprende que si bien mi trabajo consiste en dar a conocer su labor también es señalar las situaciones irregulares o que generan cuestionamiento.
Es ahí donde nace el conflicto que hoy en día mantengo con la cúpula del Organismo de Investigación Judicial y que hago público porque considero que la gente debe saber lo buena que es la policía judicial pero también a lo que se puede enfrentar cualquiera sea periodista o no.
Como parte de esa cobertura de acciones policiales e investigaciones propias, para algunos, me gané un pleito con uno o varios reconocidos narcotraficantes de Limón. Yo lo veo como parte de las consecuencias de mi trabajo el cual siempre he tratado de hacer sin presiones.
Fue público que uno de estos sospechosos hizo amenazas el día de su detención, yo no hice más que tomar algunas medidas preventivas y ante la consulta de un medio de comunicación comunicar a mis jefes.
Incluso, algunos de los excelentes funcionarios que tiene el OIJ, uno de ellos su director, se pusieron a disposición algo que agradecí en su momento.
Tras varios días fui convocado por la Oficina de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía pues me aseguraban que tenían una información confidencial sobre una segunda manifestación de ese sospechoso en torno a mi persona.
Nunca me dijeron de dónde provenía y por qué les llegó a ellos. Me hicieron un estudio y ellos determinaron que debían darme cierta protección (traslado de mi casa al trabajo y viceversa) por medio de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (UPROV) que pertenece al OIJ.
Así transcurrieron varios en los cuales me trasladaron, nunca los hice esperar fuera de mi casa o de trabajo, siempre fui puntual y respetuoso con su trabajo, de la misma manera se comportaron los agentes protectores, cosa la cual agradezco infinitamente.
Incluso, hablaron con mi familia cercana, les explicaron la situación y se pusieron a disposición, un trabajo profesional. En la Oficina de Protección me recomendaron interponer una denuncia lo cual hice en la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado. La misma, según el fiscal que me atendió, sería sólo para mantener la protección no sería investigado porque eso conllevaba indagar al sospechoso y ponerlo al tanto cosa que podría agravar mi situación, indicó el fiscal que me atendió junto al abogado Juan Diego Castro.
Como parte de mis labores, recibí una información confidencial sobre varias situaciones que mencionaban jefaturas del OIJ y magistrados la cual empecé a analizar y confirmar su veracidad. Luego de eso solicité una entrevista con los involucrados, entre ellos, el director del OIJ. Recibí una respuesta de la jefa de prensa del OIJ indicando que el director quería “conversar” conmigo pero yo le indiqué que mi interés era una entrevista en cámara.
Días después y como parte de mi trabajo, con el cual mantengo a mi familia, debía trasladarme a la zona de Bagaces para darle cobertura a las consecuencias del huracán Otto. Informé lo pertinente a la Unidad de Protección quienes me indicaron que ellos me podían trasladar, cosa que fue aprobada por la Oficina de Protección y así consta en documentos contenidos en mi expediente al cual ahora no me dan acceso.
Ese día, y ante la insistencia de ellos (policía y Oficina de Protección), me dirigía con dos agentes protectores en un carro de la policía cuando a la altura del aeropuerto Juan Santamaría me indicaron que “estaban muy apenados” pero que debían detenerse y esperar instrucciones.
Tras varios minutos incómodos yo decidí consultar qué ocurría. Me indicaron que por órdenes superiores el traslado se suspendía y que debían regresar al OIJ. Yo llamé entonces a las jefaturas de la Unidad de Protección a Víctimas y me indicaron lo mismo: “por órdenes superiores, los agentes debían regresar del sitio donde estaban”.
El nombre de la persona que dio “la orden superior” está plasmado en un informe que los mismos agentes protectores realizaron y entregaron a la Oficina de Protección. Dicho documento es parte de mi expediente al cual no me dejan tener acceso.
Ese mismo día por la noche y a los días siguientes los agentes protectores del OIJ, como parte de sus funciones y de manera responsable, se presentaron a mi casa y trabajo para trasladarme pero yo me negué por razones obvias: había un claro interés por silenciarme.
Como si esto fuera poco mientras salían al aire los reportajes antes mencionados, la denuncia que no sería investigada para no alertar al sospechoso terminó en el OIJ de Alajuela. Ahí me citaron a una entrevista, lo mismo que a otras personas. Esto no terminaría en más que una indagatoria o entrevista con el sospechoso poniéndolo sobre aviso.
Hago público lo que ocurre, a pesar de los riesgos, para que la persona que dio “la orden superior” explique. Hasta el día de hoy solo un funcionario de la Oficina de Protección se ha preocupado por lo ocurrido.
Yo no pido que me pongan guardaespaldas, menos un carro para mi transporte, nunca lo pedí. Siempre manifesté a los agentes protectores, incluso a funcionarios de la Oficina de Protección, que era algo que me incomodaba pues consideraba que había personas que podrían requerirlo con mayor urgencia, gente que estuviera en verdadero peligro.
En algunos casos la respuesta fue: “cuidamos a delincuentes”, “llevamos magistrados al salón de belleza no vamos a colaborar con usted”.
Yo lo que pido es transparencia en la policía judicial, que no utilicen a los mandos medios o a los rasos para sus intereses.
Sólo espero que, como en otros casos, no se rompa el hilo por lo más delgado y que los Magistrados no pasen por alto situaciones tan graves, no sólo contra la libertad de prensa, contra un ser humano porque yo también soy un ciudadano.
