(EDITORIAL) Cuando un Ministerio no le dice toda la verdad a Costa Rica

Un país democrático como el nuestro merece, siempre, recibir la verdad por parte de aquellas personas que ocupan un alto cargo público. Jamás, una verdad a medias como ocurrió viernes anterior en medio de la polémica por la excarcelación del hombre que, ahora, figura como sospechoso del asesinato de cinco jóvenes universitarios en Liberia.

Al darse a conocer la noticia sobre el arresto del presunto autor de la masacre, trascendió al instante que el sospechoso era un reo sentenciado a ocho años de cárcel por transporte de drogas que gozaba de un beneficio de excarcelación desde diciembre del 2015.

Recién iniciaba la mañana, cuando el viceministro de Justicia, Marco Feoli, inició una conferencia de prensa para dar su versión. Dijo, sin reparos, que el Ministerio de Justicia se había opuesto en el 2014 a la excarcelación del sospechoso de la masacre.

Y eso es verdad. Sin embargo, omitió decir que, en ese momento, Alonso Ríos Mairena aún no podía gozar de dicha gracia porque no había cumplido la mitad de la pena, requisito fundamental para salir de la cárcel bajo beneficio.

Feoli omitió –quizás por inexperiencia- decirle al país que, un año después, el Ministerio de Justicia sí avaló la excarcelación de este delincuente, según consta en el expediente del Juzgado de Ejecución de la Pena.

También omitió decirle al país que, un mes antes de que Ríos Mairena degollara a los cinco estudiantes de la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Justicia –a través de una de sus trabajadoras sociales- justificó y avaló nuevamente, la excarcelación de este criminal al indicar que su comportamiento era correcto.

Lo llamamos criminal no por los hechos por los cuales es investigado actualmente, sino por esa sentencia en firme de ocho años de prisión por transporte drogas que le impuso el Tribunal Penal de Liberia y que, a la fecha, todavía tiene pendiente.

Así que el Ministerio de Justicia no le dijo toda la verdad a Costa Rica, omitió partes fundamentales. Y aunque parezca increíble no solo al país se le prescindió de información.

Al juez de Ejecución de la Pena se le informó –antes de que otorgara el beneficio a Ríos Mairena- que este reo había sido trasladado de centro penitenciario por problemas de convivencia; sin embargo, este no pudo hacer nada debido a la falta de un informe sobre el debido procedimiento disciplinario.

El hoy sospechoso de apagar violentamente cinco vidas, pasó de la cárcel de Nicoya a la de Liberia por conflictos con otro recluso. No obstante, en el legajo judicial esa importante información no se incluyó ya que nunca existió un proceso disciplinario por este asunto.

Como si todo esto no fuera suficiente, las pesquisas del Organismo de Investigación Judicial, relacionadas a la masacre, arrojaron que Ríos era un consumidor habitual de marihuana y licor que no contaba con un trabajo fijo.

Tremenda sorpresa si vemos que entre los presupuestos legales impuestos por el juez en la audiencia que Ríos obtuvo la libertad figuran que no puede consumir ningún tipo de drogas y debe mantener un trabajo estable. ¿Qué sucedió entonces con el trabajo del Ministerio de Justicia?

Es importante aclarar todos estos nublados y ponerle punto final a una política carcelaria que este ministerio ha promovido durante la administración Solís Rivera.

Señor Presidente: no permita que sus subalternos brinden verdades a medias.

La liberación de reos en Costa Rica se convirtió en uno de los temas más reprochables por parte de la sociedad civil y la gran mayoría de costarricenses se opone a que personas condenadas por delitos sexuales, narcotráfico, asaltos, estafas y otros más, anden libres por las calles.

El país no desea una nueva masacre.