Manuel Antonio, Quepos- Los problemas ambientales y de mal manejo sanitario en el Parque Nacional Manuel Antonio parecieran no ser los únicos.
Según denuncian un grupo de organizaciones de vecinos así como también del sindicato de guardaparques, ellos están solicitando una intervención a fondo por parte de la Contraloría General de la República, pues para ellos, existen elementos suficientes para investigar.
De acuerdo con Enrique Soto, un dirigente comunal de Manuel Antonio, se debe intervenir cuanto antes la administración del parque, pues a criterio de él, hay elementos suficientes para justificar dicha intervención.
Soto aseguró que los problemas sanitarios son solo la punta de lo que realmente ocurre a lo interno del Parque Nacional, un recinto natural que genera divisas cercanas a los cinco millones de dólares, de los cuales poco de estos recursos se invierten a lo interno.
«Como es posible que aquí en este parque la administradora del parque ande pidiendo plata por fuera para reparar situaciones del parque. Como es posible que el ministro (de ambiente) ande buscando organizaciones externas para que le inyecten plata al parque; como es posible que el ICT (Instituto Costarricense de Turismo) tenga que invertirle plata a este parque, que el gobierno le ande pidiendo un millón de dólares para invertir dentro del parque si el parque produce cinco millones de dólares por año esas son las situaciones», mencionó el dirigente comunal.
De igual forma, los vecinos aseguraron que la ley que sustenta la creación del parque es clara en torno al uso de los recursos. La normativa establece que anualmente, los ingresos que genere el parque debe destinarse 50% para la conservación del mismo y el otro rubro para la compra de tierras.
«Los problemas del parque Manuel Antonio no son de ahorita, son de hace muchos años y nosotros como fuerzas vivas y todas las organizaciones venimos negociando desde hace más de 10 años con diferentes autoridades. Este es el cuarto gobierno que nosotros llamamos para negociar pero no ha habido interés de ninguno de los gobiernos que han estado de turno para que la cosa se mejore y ese es el problema», manifestó Soto.
Un criterio similar fue mencionado por el secretario general del sindicato de empleados del Ministerio de Ambiente, Roberto Molina.
Molina comentó que el hecho de que la administradora del parque esté solicitando contribuciones es parte de las irregularidades que deben ser investigados.
Asimismo mencionó que debe seguirse con mayor rigurosidad en lo gastos que se han hecho con el crédito BID-Turismo.
Según Molina, los recursos de este crédito (que correspondían a $1,2 millones) debían de invertirse en la construcción de senderos, sin embargo, es parte de las irregularidades que se han detectado tras la inspección del Ministerio de Salud.
«Imagínese usted a la administradora del Parque Nacional Manuel Antonio pidiendo dineros y eso es una irregularidad. Aparte de eso aquí no hay personal, solo hay tres o cuatro funcionarios profesionales cobrando tiquetes, chequeando tiquetes cuando lo que deberían es estar haciendo otras cosas y una serie de irregularidades que hay acá con el manejo de la inversión que se hizo aquí (…) El dinero se ha botado aquí con los recursos del préstamo BID-Turismo», concluyó el funcionario.
