Gobierno insiste en que no pueden recortar anualidades.
Diputados de oposición respaldan recorte para reducir gasto
San José – El déficit fiscal aflora con luz propia en la economía costarricense y el gobierno no pierde la esperanza de aprobar los impuestos. Pese a ello, miles de empleados públicos se llevaron a la bolsa el año anterior, un total de 319 mil millones de colones por horas extra y anualidades.
De acuerdo con el Sistema de Información de Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República, un total de 18 instituciones -descentralizadas y del Poder Ejecutivo- gastaron en un año un total de 319 mil millones de colones por laborar horas extra y por concepto de anualidades.
Ese dinero alcanzaría para poder construir 46 puentes como el que se construye actualmente en la platina. Esa obra costó 7 mil millones de colones.
Solo en horas extra, esas instituciones gastaron 103 mil millones pero por anualidades, un derecho de los trabajadores que ha sido criticado por gran cantidad de sectores, se gastaron 216 mil 116 millones de colones en el 2016.
La institución que más gasto de estos rubros obtuvo el año anterior fue la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). Solo en anualidades, los empleados de Recope se llevaron a la bolsa 9 209 millones de colones.
En segundo lugar, el Ministerio de Educación Pública (MEP) con 34 mil millones de colones.
DEBEN SER REGULADO
Diputados de diversas bancadas legislativas concuerdan en que se debe recortar en gran medida las anualidades y las horas extra.
En el caso de las anualidades, argumentan que deben entregarse bajo un proceso de evaluación de eficiencia.
«Las anualidades son un derecho adquirido que debe regularse para que sean otorgadas como un estímulo para quienes se lo merecen, es decir, luego de una calificación en la que el servidor público demuestre que se lo merece. En el caso de las horas extra, son un derecho adquirido y lo que hay que ver es cuánto son necesarias para el funcionamiento de la administración pública», dijo el jefe de la bancada legislativa del PUSC, Gerardo Vargas Rojas.
Otto Guevara, legislador del ML, indicó que esos datos indican que sí se puede recortar el gasto público.
«Esos datos evidencian que hay espacio en el gasto público para hacer reducciones. Se escucha a menudo el discurso del PAC y del FA indicando que el gasto público es muy rígido. Esos datos muestran que no es cierto lo que se viene señalando. Acá lo que corresponde es interponer acciones de inconstitucionalidad contra todas las cláusulas de anualidades en las convenciones colectivas que pasen el 2% anual», dijo Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario y precandidato presidencial.
Por su parte, Sandra Piszk, quien ha criticado al gobierno en varios momentos por retirar de las sesiones extraordinarias el proyecto de reforma de empleo público, insistió en que el país no puede seguir bajo esos parámetros de gasto estatal.
«El país no puede seguir sin hacer un ordenamiento en el tema de las anualidades. Se pagan sin ningún control de eficiencia. Se han convertido en un plus salarial, un pago prácticamente automático. Estudios han demostrado que alrededor del 99% de empleados públicos reciben anualidad sin importar cómo fueron calificados», adujo la diputada del PLN, Sandra Piszk.
«NO PODEMOS HACER RECORTES»
Por su parte, José Francisco Pacheco, viceministro de Hacienda, indicó que definitivamente son un derecho adquirido y por ello, no pueden hacer nada, pese a que infla el gasto público.
«En el tema de anualidades, hay una serie de pronunciamientos donde todas las anualidades que se hayan pagado al día de hoy ya son un derecho adquirido y no hay posibilidades de hacer recortes en esto. Actualmente se pagan todas las anualidades que hayan devengado los servidores públicos. La Sala IV lo ha indicado», dijo el representante del gobierno.
Posición contraria tiene el diputado Otto Guevara, quien atacó al viceministro al justificar el gasto en un derecho adquirido.
«El viceministro miente. Hay sentencias de la Sala II, de la Sala IV que hablan de que la anualidad no es un derecho adquirido, que la hora extra no es un derecho adquirido», dijo el diputado.
El jerarca indicó que definitivamente no hay margen de recorte; sin embargo, sí concordó con los legisladores en que se debe entregar ese rubo bajo una estricta evaluación de eficiencia.
«Se debe pagar la anualidad en función de los resultados obtenidos por el trabajo del funcionario. Lo que el gobierno propuso fue cambiar la forma en como se adjudiquen las anualidades mediante una evaluación de desempeño», dijo Pacheco.
El gobierno mantiene esa iniciativa de ley en la corriente legislativa, con el objetivo de debatir sobre eficiencia en el sector público y no de recortar el gasto público.
Que les pasa a los diputados, si ellos no pueden con esto, que pidan un referéndum nacional y se acaba con el problema, si no saben gobernar dejen al pueblo el lo sabrá hacer
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