San José – El diputado de la Unidad Social Cristiana, Luis Vásquez, manifestó que el Ministerio de Educación Pública (MEP) tiene un negocio solapado’ con las pruebas de bachillerato y de educación abierta en el país.
Este miércoles, AMPrensa.com reveló que en seis años, el MEP recolectó 9772 millones de colones por las pruebas de sexto grado, sétimo, octavo y noveno año y así como también las de bachillerato por madurez.
El legislador del PUSC, quien ha acudido en varias ocasiones a la Sala Constitucional para buscar traerse abajo la aplicación de estos exámenes, criticó fuertemente al MEP por no interesarse en la preparación correcta de estos estudiantes.
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Además, criticó que el principio de la gratuidad de la educación solo se aplique para una modalidad académica y no en todas.
«En el MEP no entienden que muchas personas no han tenido las oportunidades para salir adelante por la misma práctica del ministerio. En la Constitución, que es el documento que nos dirige, dice que la educación es gratis en todo Costa Rica, no solo en el sistema educativo formal. En ningún lado que solo una modalidad de educación es gratis. Se aclara entonces que es un negocio solapado del MEP y otras empresas», dijo Vásquez.
La directora de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP, Lilliam Mora, manifestó que el MEP no registra ganancias por el dinero recolectado, pues esos mismos recursos se usan para la impresión y aplicación de pruebas.
Asimismo, comentó que el Estado no debe garantizar que esos estudiantes pasen, aunque sí se otorgan las herramientas necesarias para que se preparen.
“Esta no es una empresa que va a contemplar cualquier tipo de ganancia en el sentido de que requieren ganancias, porque más bien es lo que entra contra lo que se gasta, porque todo es en beneficio de los estudiantes. El Estado en lo que debe mediar es cómo se están preparando esos estudiantes.
El Estado garantiza la tabla de especificaciones para que estudien, prácticas, páginas web con información, cuántas preguntas por cada objetivo. Eso sí es obligación del Estado», señaló la jerarca.
Esa posición también fue criticada por el diputado del PUSC, quien dijo que cualquier persona detrás de un escritorio puede aducir que el Estado no tiene obligación de que esa población académica pase.
«Esas son las justificaciones de una técnica detrás de un escritorio con aire acondicionado. No es una persona que tiene los pies en la calle y que no entiende que muchas personas no tienen las oportunidades formales para salir adelante», manifestó el diputado Vásquez.
El legislador prepara una nueva acción de inconstitucionalidad que busca eliminar la aplicación de las pruebas.
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