Redacción – Tras un análisis a nivel jurídico, el Gobierno de la República concluyó que no cuenta con la facultad legal para demandar a UBER; sin embargo, tomando en cuenta que debe hacer cumplir la ley, y considerando que esta aplicación presta un servicio de transporte ilegal, ordenará que se refuercen la persecución a los conductores.
Entre los planes del Ejecutivo están intensificar los operativos de tránsito acatando lo que indica los artículos 38 y 44 de la Ley de Aresep, para perseguir y sancionar a quienes ofrezcan servicios ilegales de transporte público.
Además, se asegurará el estricto cumplimiento de la ley por parte de Uber o cualquier otra empresa que brinde el mismo servicio en temas tales como cumplimiento de derechos laborales, satisfacción de obligaciones tributarias y con la seguridad social, entre otros.
El Gobierno dice estar preocupado porque se le brinde al usuario un servicio de calidad, de manera que aseguran establecerán una mesa de trabajo para proponer y ejecutar acciones que mejoren el servicio de taxi público.
