San José – 5 cámaras empresariales de autobuseros de todo el país exigen a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), que de una vez por todas suspenda el modelo tarifario que ha sido demostrado por diversos estudios técnicos y aceptado por la Junta Directiva de ARESEP, que no puede aplicarse en la forma como está.
“Exigimos inmediatamente a ARESEP que siendo conscientes del daño tan terrible que están causando a los usuarios, acepten de una vez por todas los errores de un modelo tarifario que denigra las condiciones de calidad, sectorización, pago electrónico y modernización, que como sector hemos iniciado con las autoridades de gobierno”, señaló Carlos López, Vocero de las Presidencias de las Cámaras del País.
La firma consultora Deloite y más recientemente un estudio patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han sido contundentes en sus conclusiones: esta metodología contiene errores de fondo que afectan su aplicación y que inclusive, han sido aceptados por los mismos miembros de la Junta Directiva.
“Han sido llamados a comparecer los miembros de la Junta Directiva de ARESEP, el Regulador General y el Intendente, a la Asamblea Legislativa y han demostrado que lo que están cometiendo es un error gravísimo: no conocen el fondo técnico, no entienden como funciona el transporte público, le cierran las puertas a la modernización, a la sectorización, al pago electrónico. Es una estocada directa contra los usuarios, que siempre son los más afectados”, indicó Silvia Bolaños, Vocera del Comité de Crisis.
Ante estos errores, el sector de empresarios autobuseros, reunidos en este comité
solicitan de manera vehemente:
1. Que se suspenda inmediatamente y de manera integral la aplicación de oficio de la actual Metodología Tarifaria y se defina un nuevo mecanismo inmediato para este efecto.
2. Posteriormente a la suspensión del modelo, que se conforme una comisión mixta que permita la discusión técnica y jurídica, integrada por los funcionarios que ARESEP designe, además de una representación del sector, el ente rector (en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto de Política Pública) y para efecto de transparencia se solicite como visor del proceso a la Defensoría de los Habitantes.
3. Que se inicien los procesos de investigación administrativa para determinar eventuales responsabilidades de los funcionarios y directivos que recomendaron y aprobaron una metodología con nefastos errores.
