Redacción – Cuatro directivos del Banco de Costa Rica no presentarán su renuncia por motivos de transparencia en las investigaciones que llevan a cabo en el otorgamiento de créditos para el cemento chino, a pesar de que dos directivos tienen causas penales por ese mismo tema.
La semana anterior, el mandatario pidió a los directivos renunciar en virtud de los problemas señalados de Sugef de aparentes disputas que no permitan fiscalizar correctamente los créditos del banco.
No obstante, Mónica Segnini, Evita Arguedas, Francisco Molina y Alberto Raven confirmaron esta tarde que no presentarán su renuncia porque tienen una responsabilidad moral de proteger al máximo los intereses del banco.
«Aseguramos que nuestro máximo interés, es que todas las investigaciones pertinentes lleguen a buen término y si así procede, se determinen las responsabilidades de los investigados. Somos los máximos representantes del BCR y por ende, debemos velar por su imagen e integridad, a pesar de los hechos que se cuestionan», comentaron los directivos mediante una carta este lunes.
A pesar de esas declaraciones, Francisco Molina y Alberto Raven son investigados penalmente en tres causas relacionadas con el otorgamiento de créditos del BCR, según confirmó a este medio la Fiscalía.
Raven actualmente es investigado dos expedientes (17-000074-1218-PE y 17-000048-1218-PE) de la Fiscalía de Anticorrupción.
El primero es relacionado con la emisión de un criterio para que el Área de Cumplimiento del BCR obviara el paso de comprobar los capitales de las Empresas ML Hotel Los Sueños SRL y ML Hotel Belén SRL, lo que provocó que el banco asumiera un riesgo y aprobara dos créditos por $39.000.000 y $26.000.000.
La segunda es relacionada con el caso de Coopelesca y Holcim, precisamente por el otorgamiento de un crédito de $35.350.000 del Banco de Costa Rica a la cooperativa Coopelesca para comprar a Holcim Costa Rica la subsidiaria Hidroléctrica Aguas Zarcas S.A.
Por su parte, Francisco Molina es investigado en la causa 17-000080-1218-PE, la cual se trata de una denuncia de una aparente transferencia por ¢4.584.000 que una empresa de la industria de medios habría hecho a una cuenta bancaria perteneciente a una sociedad anónima, la cual tiene como representantes a la madre y un hermano del imputado.
En el documento entregado por los directivos, afirman que es vital su presencia en las investigaciones de los créditos, para ‘controlar el devenir del banco’.
«Nuestro nombramiento impone una responsabilidad magna, y la honraremos», señalaron los directores.
El presidente Solís dijo que este martes pedirá al Consejo de Gobierno que inicie el proceso de destitución de la junta mediante un proceso administrativo.
