Redacción- Durante el 2017, se ha venido trabajando en los cantones de Abangares, Cañas, Tilarán, Bagaces, Liberia y La Cruz en busca de la reducción de procedimientos, requisitos y costos administrativos (tanto para la administración como para el administrador) de trámites municipales como la Licencia Comercial y el Permiso de Construcción.
Hasta hace algunos meses, obtener una licencia comercial y un permiso de construcción en estos cantones implicaba que los ciudadanos debían completar múltiples trámites, requisitos y pasar varias veces por diferentes instituciones antes de obtener el anhelado aval para iniciar sus proyectos.
“La mejora del clima de negocios, es pieza fundamental en la estrategia que ha sido priorizada por el MEIC y la Dirección de Mejora Regulatoria y que incluso ya contempla su seguimiento para el 2018, donde se tienen los recursos presupuestados para otras regiones”, indicó Geannina Dinarte, ministra de Economía, Industria y Comercio.
Gracias al proyecto se eliminaron requisitos innecesarios, se reducen los tiempos de respuesta, así como las visitas del ciudadano y pasos en los procedimientos.
Para el caso de Licencia Comercial se redujeron los requisitos –de 27 a 12 –, se logró la creación de un formulario único y una ventanilla única en cada municipalidad (evita la visita a varias instituciones), la elaboración de manuales de procedimientos y guías de usuarios y el establecimiento de un comité regional de mejora para asegurar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo; gracias a una iniciativa del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, (MEIC), con apoyo de los ministerios de Salud, y Agricultura y Ganadería (MAG).
Además, los Gobiernos Locales acordaron utilizar como único medio para que se gestionen los Permisos de Construcción, el “Administrador de Proyectos de Construcción (APC)”, alcanzando una reducción de 58% para obtener el permiso, gracias al apoyo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.
La iniciativa, implementada por FUNDES Latinoamérica y MEIC, pasó por cuatro fases: definición de instituciones involucradas, identificación de tiempos actuales de resolución, visitas de usuarios a cada institución y requisitos; desarrollo de propuesta de simplificación de trámites y creación de herramientas de apoyo al proceso y capacitación de funcionarios en el nuevo trámite para empoderarlos del proceso.
