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Rompimiento del bipartidismo afecta rápido avance legislativo, según Estado de la Nación
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Congreso ve hasta en el segundo año los proyectos prioritarios del gobierno de turno
San José – La rapidez para aprobar un proyecto de ley prioritario no es una característica inherente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, pues sus diputados tardan hasta dos años en promedio para aprobar solo una ley que beneficie directamente a la población en los últimos 27 años, según el reciente informe del Programa del Estado de la Nación.
En una investigación realizada por el informe, se revela la lentitud con que el parlamento costarricense ha discutido los diversos proyectos de ley presentados desde 1990 hasta la fecha.
Según el estudio, los datos muestran que, en promedio, considerando las 2.301 leyes de toda la serie histórica (1990-2017), se necesitan 679 días para aprobar una ley, poco más de 1,9 años, aunque el promedio total es de un año y medio.
No obstante, si se trata de una normativa que tiene efectos directos sobre el desarrollo humano, el tiempo requerido es aun mayor: 2,2 años.
«Este fenómeno tiene efectos negativos en la gobernabilidad democrática, por cuanto la ejecución del proyecto político del Gobierno, en los componentes que requieren autorización legislativa, enfrenta crecientes demoras», indica el informe.
La ley más expedita tomó solo dos días en ser aprobada, mientras que la más lenta requirió 6.373 días, poco más de diecisiete años.
BIPARTIDISMO LERDEÓ TRÁMITE LEGISLATIVO
El Programa del Estado de la Nación atribuyó a la amplia oferta partidaria que ha ganado curules en los últimos años la lentitud con que avanzan los proyectos en la corriente legislativa.
De acuerdo con el estudio, al inicio del multipartidismo no hubo aumentos significativos en el tiempo de discusión, pero después de la legislatura 2005-2006 la prolongación del trámite no solo se hizo evidente, sino cada vez más habitual.
«Estos datos revelan que el sistema multipartidista tiene efectos en la gestión política. A partir de 2002 la democracia
costarricense se fortaleció con la presencia de más partidos en el Congreso. No obstante, las reglas de discusión y toma de decisiones en el trámite de los proyectos no han sido modificadas, para ajustarlas a la nueva realidad», revela el programa.
El analista político, Claudio Alpízar, no concuerda con esa visión del Programa del Estado de la Nación. El politólogo afirma que, sin importar la cantidad de diputados y partidos que hayan en el Congreso, el consenso depende de la calidad de los legisladores.
«En algún momento en el bipartidismo la leyes se aprobaban al sonido del tambor, pero creo que actualmente lo que afecta la toma de decisiones es la calidad de los diputados y no la cantidad de partidos. El sistema de partidos en nuestro país urge de un cambio», comentó el experto.
Alpízar señaló que 57 diputados de buena calidad tienen la capacidad necesaria para poder ponerse de acuerdo. «57 inteligentes en un minuto se ponen de acuerdo, tres tontos se pasan toda una vida discutiendo lo mismo por porfiados», manifestó.
CONGRESO IGNORA HASTA POR TRES AÑOS AL GOBIERNO DE TURNO
Por otro lado, la misma tardanza en la discusión de los proyectos de ley genera que el Congreso ignore hasta por tres años las prioridades del gobierno de turno.
Según el informe, ello también genera efectos negativos en la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, dado que una creciente proporción de la normativa que es presentada en un gobierno, no es aprobada sino hasta el siguiente año.
Por ejemplo, en el gobierno de Laura Chinchilla, la legislación heredada fue mayoritaria incluso durante el segundo año. «No fue sino hasta la tercera legislatura que la mayoría de las normas era iniciativa de las autoridades en funciones. Esto mismo ha sucedido durante la administración Solís Rivera», señala.
De hecho, en el gobierno de Solís durante los primeros dos años de administración, menos del 50% de los proyectos discutidos eran del gobierno de turno, es decir, en el 2015 aún se discutían iniciativas del gobierno de Chinchilla.
Para el politólogo Gustavo Araya, el hecho de que existan 57 agendas de trabajo diferentes en el parlamento impide que se establezca una agenda nacional que propicie la discusión de proyectos prioritarios para el país.
«Antes habían dos grandes bloques, por lo que había una agenda de trabajo conjunto. Ahora tenemos 57 realidades, 57 personas que llega con su propia agenda y no necesariamente la prioritaria del gobierno, sino de sus comunidades y su propia proyección política, por lo que se complica una agenda conjunta», comentó el analista.
Araya manifestó que ello provoca que al final, el plenario no ponga atención a la prioridad que establece el Poder Ejecutivo, excepto en el período de sesiones extraordinarias.
