San José – Un año para olvidar. Así califica la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, CACIA, el 2017 en materia de crecimiento económico y comportamiento del mercado interno.

De acuerdo con José Manuel Hernando, Presidente de CACIA, la serie de tendencia ciclo del Índice Mensual de Actividad Manufactura (IMAM) de la industria alimentaria ubicada en el régimen definitivo, presentó en setiembre de 2017 una variación interanual de 1.26%, que condujo a un crecimiento medio para los primeros nueves meses del año de -0.07%.  Esta situación refleja desaceleración y estancamiento, si se compara con el mismo periodo del año anterior, cuando el crecimiento medio fue del 2.76%.

“Para este año no tenemos ni buenas ni malas noticias en materia de puestos de empleo; el decrecimiento de la actividad económica no generó desempleo, pero no se logró consolidar ninguna condición para crearlos, razón por la cual, la cantidad de empleos se mantiene cercana a los mismos 55.500 sostenidos en 2016”, explicó Hernando.

Los datos positivos pero insuficientes se reflejaron en las exportaciones de la industria alimentaria. Para el año 2017, las ventas al exterior superaron los $1.720 millones, mostrando un crecimiento del 5,9%, lo cual, a pesar de ser positivo, no es suficiente para crear nuevos puestos de trabajo.

Un dato relevante es que la mayor fuerza de crecimiento la presentaron productos con menor proceso como el azúcar, el aceite de palma o los concentrados para bebidas; no obstante, también reportaron crecimiento las exportaciones de productos como lácteos, carnes procesadas, productos del mar, confitería y frutas procesadas.

Tuvieron reducción las exportaciones de productos como harinas, pastas alimenticias, snacks y cereales, productos de chocolatería, bebidas y jugos de frutas, siendo estas categorías las de mayor valor agregado nacional.

Durante el año 2017, la industria alimentaria ratificó su enorme preocupación por las iniciativas de incremento de nuevos tributos propuestos por los proyectos de ley de renta o del IVA, que pretende incrementar la tasa del 13% de ventas a un 15%.

Por tal motivo, el gremio representado por CACIA reaccionó fuerte promoviendo una agenda fiscal centrada en la reducción del gasto, especialmente en las variables estructurales que explican el crecimiento del déficit fiscal. El sector demandó una atención del sector político sobre temas como empleo público, sistemas de pensiones, regla fiscal, entre otros disparadores del gasto público.