En la Asamblea Legislativa existe un proyecto de ley denominado Extensión de Dominio. De lo más relevante de esa iniciativa es que, ante la sospecha de delitos penales ligados con el narcotráfico y el aumento sospechoso de capital, las autoridades podrían decomisar esos dineros a los dueños, antes de que se dicte una sentencia en su contra.
El proyecto es visto con cautela por algunos de los candidatos que lideran las encuestas, Juan Diego Castro (PIN) y Rodolfo Piza (PLN), y cuenta con el apoyo de Antonio Álvarez (PLN) y Carlos Alvarado (PAC).
El aspirante de Liberación Nacional fue uno de los diputados que impulsaron el proyecto. Lo ve como una solución para enfrentar no solo el crimen organizado, sino también la corrupción.
“Aprobar este proyecto es de lo más importante y más urgente que podemos hacer para reducir la creciente ola de homicidios en el país, que nos ha llevado a tener la peor crisis de seguridad en nuestra historia. El proyecto va afectar las ganancias de los narcotraficantes, que provocan los homicidios por “ajustes de cuentas”, reduciendo también los incentivos que tienen para desarrollar los negocios en el país. También puede afectar las ganancias que son fruto de la corrupción, que es otro de los grandes problemas que tenemos hoy” dijo el verdiblanco.
Carlos Alvarado precisó que esta ley es vital para debilitar al narco.
«Está claro que la lucha penal contra el crimen organizado ha sido insuficiente para debilitarlo, ante lo cual, resultan necesarias nuevas herramientas para atacar su capital y quitarle las ganancias ilícitas, que es la mejor forma de debilitarlas y disminuirlas» adujo.
Quienes están cautos, sostienen que las variaciones sufridas por el proyecto, debido al manoseo legislativo, hacen imposible poder apoyarlo de lleno.
“En relación con este tema, el proyecto de Extensión de Dominio ha sufrido variaciones, y en este momento no podemos referirnos al respecto” explicó Rodolfo Piza.
Juan Diego Castro fue más allá y aseguro que este proyecto podría violentar el proceso penal, por lo que debe ser, ampliamente, discutido y mejorado en la Asamblea.
“Tal y como está estructurado, el proyecto, podría violentar principios propios del debido proceso en materia penal, como el de abstención, el de carga de la prueba y el de inocencia, entre otros. El crimen organizado debe ser erradicado de este país, sin embargo, esta lucha no puede provocar que se tomen medidas que pongan en peligro el Estado de Derecho y la seguridad jurídica de los costarricenses” indicó.
