En una microbús, varios delincuentes con beneficio carcelario paseaban dos cadáveres por La Sabana. La policía les seguía los pasos. Varios vehículos les cerraron la vía. Era de noche. El enfrentamiento fue a bala. Dos caen, otros huyen. Las jefaturas policiales aseguran que, detrás de esta escena la cual, hace algunos años, era imposible pensar que se dieran en Costa Rica, está un jefe narco extranjero responsable de, al menos, 10 asesinatos, en la capital.
El panorama de violencia es de horror. Los beneficios carcelarios brindados, en la Administración Solís Rivera, potenciaron aún más, la situación de sangre y muerte. Este año romperá récord de homicidios.
Ante esta escalada de criminalidad, los candidatos a la Presidencia de la República, Rodolfo Piza de la Unidad Social Cristiana (Pusc), Juan Diego Castro de Integración Nacional (PIN), Antonio Álvarez de Liberación (PLN) y Carlos Alvarado de Acción Ciudadana (PAC) consideran que, en un eventual Gobierno, van a enfilar las armas con las que cuenta el sistema de control social para atacar el crimen organizado.
«El principal problema de seguridad en el país es el crimen organizado, para lo cual se deben impulsar medidas que ataquen el capital de las bandas organizadas, con proyectos como extinción de dominio, y el fortalecimiento de la legislación de prevención y control de la legitimación de capitales. Asimismo, se debe reformar parcialmente la Ley de Armas, para darles mayor trazabilidad y control, y procurar una sanción adecuada a su tenencia y portación ilegal» explicó Alvarado.
Misma línea de acción traza el candidato del PIN, Castro.
“Las nuevas modalidades de crimen organizado y la ola creciente de narcotráfico hace imperioso disponer de nuevas tecnologías para enfrentar a las mafias, así como las reformas que permitan juzgarlas y neutralizarlas. Los desafíos ante la criminalidad son muy grandes, así como las amenazas, por lo que es vital, para seguir siendo un país de paz, articular, desde los Tres Poderes de la República, una Política Nacional de Seguridad, con el fin de garantizar tranquilidad en la población y hacer cumplir la ley” agregó el abogado penalista Castro.
Álvarez Desanti estima que, en su gestión como Presidente Legislativo, dejó adelantados varios proyectos de ley vitales para la seguridad del país.
“Cuando fui Diputado impulse con fuerza dos proyectos que creo van a tener un efecto importante para mejorar la seguridad del país. La Ley de Extinción de Dominio que viene a generar instrumentos modernos y novedosos para enfrentar a la criminalidad organizada. Esta Ley es de urgente aprobación, especialmente cuando nos damos cuenta que la mayoría de homicidios que se cometen en el país son por ajustes de cuentas, que es una expresión del crimen organizado” explicó.
Piza asegura que aplicará la mano dura.
“Debemos ser más estrictos, asignar prioridad y aplicar más fuertemente las leyes penales cuando los delitos vienen acompañados de violencia (sea una violación, un asesinato, una lesión, forzar la entrada de una casa, un golpe con la cachera o un tirón del bolso de una señora), independientemente del monto de lo sustraído. El valor de lo sustraído no es lo esencial, lo esencial es la violencia y el temor que provoca” dijo el socialcristiano.
Entre lo que más destaca el aspirante del PIN, es la unificación de las policías para contar con más personal policial capacitado, así como articular una sola línea de acción en los Poderes de la República.
Piza propone que los delitos menores se sancionen con multas altas, ejemplarizantes, que intimiden al infractor, para descongestionar los Tribunales de Justicia y los jueces se encarguen de ver solo los delitos donde el daño es más grave.
