Junto a Rodríguez figuran como acusados Cristóbal Zawadzki (exjeexpresidente del INS); su esposa  Gilda Montes de Oca, Álvaro Acuña, Roxana Cordero Bogantes y Rónald Bonilla Rodríguez, Antonio Corrales Moya y Ramón Lara Molinari.

El caso tiene relación con un supuesto pago por $2,1 millones por parte de la reasegurada PWS a funcionarios públicos durante cuatro años, así por comisiones por parte de las empresas Guy Carpenter y Willis.
Las pesquisas de este caso las realizó el Ministerio Público y tienen que ver con dos asuntos. Uno, el aparente pago a exfuncionarios estatales por $2,1 millones, realizados por la reaseguradora londinense PWS, entre 1998 y el 2002.
En el 2014, la causa penal había sido desestimada pues se consideró que la forma en que se obtuvieron las pruebas no fue legal.