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Fiscalía tica abre causa penal contra presidente de Consejo Electoral de Nicaragua

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Rivas es considerado uno de los políticos más allegados a Daniel Ortega. Foto: La Prensa.

San José – La Fiscalía General de Costa Rica abrió una investigación penal contra el presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas, por el delito de legitimación de capitales.

El magistrado Rivas ha sido blanco de investigaciones federales desde hace varias semanas en Estados Unidos, por aparentes fraudes electorales durante los comicios nicaragüenses. A causa de ello, se le han embargado bienes.

Este miércoles, el Ministerio Público costarricense confirmó la apertura de oficio de una pesquisa penal contra Rivas, quien es considerado una de las figuras políticas más cercanas al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, por supuestos delitos de legitimación de capitales.

La apertura de la investigación se da «luego de analizar unas publicaciones compartidas por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) en relación con informaciones difundidas en Estados Unidos sobre presuntos hechos delictivos aparentemente cometidos por Rivas en Costa Rica», según lo indicado por las autoridades judiciales.

 

El caso se encuentra en la etapa preparatoria de la investigación, por lo que se procederá a recolectar la prueba necesaria y pertinente para probar o descartar la existencia de un delito.

Rivas ha sido señalado, incluso, por la prensa nicaragüense como un hombre poderoso en Costa Rica, pues según lo publicado por el diario La Prensa, pertenece a sociedades en nuestro país e incluso tiene valiosas propiedades en varias partes del territorio.

En diciembre del año anterior, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Rivas, como parte de un grupo de 13 personas señaladas como abusadoras de derechos humanos y corruptos en el mundo.

La sanción impuesta se da en el marco de la ley Global Magnitsky, la cual autoriza al presidente de Estados Unidos a cancelar visas, congelar bienes y activos a personas extranjeras responsables de graves violaciones a los derechos humanos y a funcionarios asociados a casos de corrupción.

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