Redacción-Los virajes experimentados en la política migratoria estadounidense durante la administración Trump impactarán considerablemente a la región centroamericana, en diversas áreas como su economía, demografía, y mercados laborales.
Un análisis realizado por Mario Herrera, investigador del Proyecto Estado de la Región, señala que en 1990, cerca de la mitad del total de migrantes de la región residía en EE.UU, mientras que una tercera parte radicaba en países de Centroamérica.
Sin embargo, esta situación se modificó en los siguientes años, ya que para el año 2000, más del 75% de la migración centroamericana se hallaba en EE.UU., proporción que se mantiene hasta la actualidad.
Por otra parte, en 2017 la cantidad absoluta de migrantes que residían en otros países de la región fue de 200.000 personas menos en comparación a 1990.
Ante el evidente aumento de los migrantes centroamericanos en EE.UU (pasaron de un millón a tres millones entre 1990 y 2017), y la situación actual con respecto a las medidas migratorias mucho más estrictas de dicho país, el escenario socioeconómico es incierto para gran parte de estos migrantes, así como para las economías que dependen de las remesas que ellos envían.
De acuerdo con el Centro de Investigaciones Pew, durante la administración del presidente Trump, se ha cancelado el estatus de protección temporal (TPS) a aproximadamente 195.000 salvadoreños y 2.500 nicaragüenses.
Asimismo, alrededor de 57.000 hondureños podrían perder esta condición en un futuro próximo. En el caso de El Salvador, la cifra representa una cantidad similar al flujo de migrantes legales de dicho país a EE.UU. entre 2005 y 2013.
Actualmente el Partido Republicano negocia medidas migratorias más estrictas que incluso podrían llegar a la construcción del muro fronterizo o la eliminación de la protección especial (DACA) con que cuentan los migrantes jóvenes, conocidos como dreamers.
En el ámbito económico, los efectos negativos podrían ser muy fuertes. Por ejemplo, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua recibieron más ingresos por remesas que por inversión extranjera directa (IED) en 2016. En el caso de El Salvador, las remesas fueron 11 veces mayores que la IED.
No obstante, la situación migratoria actual de Centroamérica también puede implicar una serie de oportunidades para la región.
Aquellas personas que sean retornadas a sus países poseen probablemente educación formal y experiencias laborales distintas a las que tenían cuando dejaron sus países de origen. Dicho capital humano puede ser aprovechado para impulsar acciones que permitan contribuir a la demanda insatisfecha de recursos humanos, con perfiles afines a los que estas personas poseen.
Además, su conocimiento y experiencia pueden resultar valiosos para fortalecer la calidad y pertinencia de la formación ofrecida por los institutos de enseñanza técnica y profesional, e impulsar la transformación productiva y los emprendimientos locales hacia actividades de mayor valor agregado.
De acuerdo con el investigador del Proyecto Estado de la Región, esta coyuntura también es una oportunidad para fortalecer la acción regional entre los países centroamericanos mediante el impulso de mecanismos que garanticen la protección de los derechos humanos y la integridad física y patrimonial de las personas migrantes y sus familias.
Ello podría contribuir a mejorar la gestión de las migraciones a nivel intrarregional pues es previsible que, ante las medidas restrictivas para el ingreso a los Estados Unidos, aumenten los flujos hacia otros países centroamericanos, especialmente Costa Rica y Panamá, y otros destinos en América Latina.
