Redacción- Las investigaciones realizadas por la firma auditora KPMG y la Junta Interventora del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) demuestran serias irregularidades administrativas y económicas, cuyo impacto en las finanzas asciende a ¢45 mil millones, para un periodo de casi 10 años, durante los cuales la institución fue gobernada por un mismo grupo de dirigentes cooperativos.
La fuga y el uso irregular de los recursos se dio a través de varios esquemas operativos: crédito, transferencias de capital, contratación administrativa, donaciones ilegales, inversiones y viajes al exterior.
En ese marco se infieren presuntos potenciales delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, administración en provecho propio y legitimación de capitales. Esto último deberá ser analizado en sede judicial, para lo cual INFOCOOP coordina con la Fiscalía en calidad de víctima.
El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, recalcó que el caso del INFOCOOP es un modelo para Costa Rica en el combate a la corrupción ya que “la Intervención fue una decisión acertada, que nunca respondió a intereses de dirigentes cooperativos específicos, sino al compromiso ético de combatir la corrupción y fortalecer un sector productivo, social y económico como el cooperativismo cuyos aportes al país son muy importantes”.
FINANCIAMIENTO MILLONARIO
A nivel del crédito, se identificaron al menos 14 casos irregulares que en total suman más de ₵19 mil millones.
Incluso algunas operaciones que superaron los mil millones de colones fueron adjudicadas a cooperativas que reportaban pérdidas o inactividad empresarial, que carecían de personería jurídica o bien que tenían en su seno a familiares de directivos del Instituto, quienes a su vez aprobaban el financiamiento dentro de esta institución pública, entre otras anomalías.
Por su parte, los errores matemáticos en la tasa de equilibrio del INFOCOOP (ya advertidos por la Contraloría General de la República en los informes emitidos durante los años 2010 y 2016) hicieron que la institución dejara de percibir más de ₵4 mil millones entre 2009 y 2016.
Esta posible manipulación de la tasa se enmarcó en un abuso del uso de tasas bajas por parte de la dirigencia cooperativa, sin mediciones de impacto social, como corresponde por normativa. Los ingresos no percibidos por estos abusos superan los ₵18 mil millones.
Cabe subrayar que en diciembre 2017 el despacho de Auditores externos Carvajal & Asociados certificó que el deterioro de la cartera del INFOCOOP es superior a los ¢26 mil millones, lo que representa cerca de un 25% de los recursos colocados en alrededor de 150 cooperativas. El modelo de deterioro de la cartera existía desde el año 2013. Sin embargo, por razones que están bajo investigación, no fue de conocimiento de los jerarcas y no se utilizó para la toma de decisiones.
En el tema de las inversiones de capital en organismos cooperativos en los cuales INFOCOOP participa como codueño, se señalan amplias distorsiones como posible tráfico de influencias, desviación de planes de inversión y desnaturalización de la razón social, esto último en uno de los casos. Aquí las pérdidas superarían los ₵2 mil millones, toda vez que se están haciendo esfuerzos por recuperar la inversión y sus créditos asociados.
Luis Felipe Arauz, Ministro de Agricultura y Ganadería y coordinador de la Junta Interventora, informó que este esfuerzo se complementa con la modernización del Instituto, ya avalada por el Ministerio de Trabajo y a la espera del visto bueno de MIDEPLAN, así como la redacción de un proyecto de ley de cooperativas (ya avanzado), enfocado a evitar que lo ocurrido vuelva a suceder.
OTROS CASOS
En transferencias de capital destaca el caso de una Federación de Cooperativas que recibió transferencias no reembolsables por ¢100 millones en los últimos cinco años, con desembolsos irregulares y que en 2017 se negó a que el INFOCOOP auditara el uso de esos recursos.
A su vez, en viajes al exterior, destacan cerca de 200 por parte de jerarcas en los últimos ocho años, con inversiones que superan los ¢300 millones, sin que quede evidencia del impacto de estos viajes en el desarrollo de la institución y del sector cooperativo. Un solo miembro de la Junta Directiva viajó 30 veces en cinco años para un gasto del orden de los ₵53 millones.
Se identificaron casi ¢300 millones en donaciones irregulares, asignadas con débiles criterios técnicos. Así se desprende de un estudio realizado luego de que la CGR emitiera el oficio DFOE-PG-0583, a solicitud de la Junta Interventora. En tal documento el órgano contralor destaca que se podría violentar el artículo 5 de la ley 7428.
El informe de KPMG y los hallazgos de la Junta se están haciendo del conocimiento de la Fiscalía General para que se integren al caso principal (Expediente 16-000046-1218-PE). Con el fin de no afectar el proceso penal, los documentos no serán distribuidos públicamente.
Luis Emilio Cuenca, sub coordinador de la Junta Interventora, y Gustavo Fernández, Director Ejecutivo a.i de INFOCOOP, destacaron que el modelo de colaboración entre la vía administrativa y la vía judicial, gracias al uso de la herramienta de la auditoría forense, representa una innovación de peso que debería ser replicada en la lucha contra la corrupción y la impunidad en la función pública.
