Redacción. La Fiscalía del Colegio de Abogados abrió una investigación contra el ex procurador Ronny Bassey Fallas, quien -según la propia Procuraduría General de la República, se equivocó en un trámite que le costó al Gobierno más de ¢200 millones.
Bassey era el funcionario a cargo del proceso que entabló contra el Estado el nadador Jonathan Maurio, hermano de la ex ministra del Deporte, Carolina Mauri. Durante el proceso, el entonces procurador se equivocó en etiquetar el expediente y ello imposibilitó una apelación a la sentencia que originó el millonario pago.
Según explicaron en el Colegio de Abogados, el artículo primero del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, las normas contenidas en él “son de aplicación forzosa para todos los abogados y abogadas que se encuentran autorizados como tales e inscritos en el Colegio”
Por ello, al estar el profesional pensionado y al reconocer la Procuraduría General de la República que el mismo ya no está sujeto a su régimen disciplinario, la Fiscalía del Colegio podría analizar si, en vista del perjuicio que se dio a la ciudadanía a través del Estado, existe alguna conducta que riña con el Código y hacer la investigación del caso.
«Podríamos estar ante una violación del artículo 46 del Código, que hace referencia a posibles sanciones “si ha habido retardo apreciable en la tramitación del negocio, si se ha originado perjuicio de otra naturaleza en daño del cliente, o si el abandono o descuido han motivado, de modo evidente y sin excusa admisible, la pérdida del asunto”, explicaron.
La Fiscalía General de la República, así como la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, realizan investigaciones paralelas contra el ex funcionario público.
Por su parte, la Procuraduría indicó días atrás que de su parte ya no pueden sancionar a Bassey debido a que se pensionó el pasado 31 de diciembre.
Desde entonces, el ex procurador disfruta de una pensión de lujo.
