El País – Concluida la etapa crítica tras la catástrofe del Volcán de Fuego, que este domingo protagonizó la erupción más violenta del cono desde que se tienen registros, la pregunta que flota en el ambiente es si se pudo actuar antes para reducir el número de víctimas. El cruce de acusaciones entre el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) centra la polémica.
El director del Insivumeh, Eddy Sánchez, sostiene que se realizaron cuatro informes antes de la explosión, pero que las autoridades de la Conred “no los leyeron bien”. En su defensa, el máximo responsable de la Conred, Sergio Cabañas, señala que el reporte “no alertó de manera explícita y no lo hizo con precisión sobre hasta dónde llegaría el flujo volcánico”.
La polémica ha llegado al Legislativo donde un diputado de la oposición, Mario Taracena, célebre por su locuacidad, pidió a la Fiscalía el inicio de una investigación a fondo en contra de la Conred. “Ustedes”, dijo dirigiéndose a los responsables de la entidad citados al Congreso, “tienen una gran responsabilidad. Cualquier persona con un poco de sentido común hubiera tomado acciones. A ustedes no les importó”.
Ante ello, la Fiscalía General de la República ha emitido la orden de que se inicie una investigación para determinar si se activaron a tiempo los protocolos necesarios, “que permitieran tomar las decisiones prudentes y oportunas”.
Hay suficientes elementos de duda para iniciar una investigación y determinar si hay responsabilidad “fundamentalmente de la Conred porque las alertas se transmitieron desde horas tempranas por parte del Insivumeh”, comenta a EL PAÍS el presidente de Acción Ciudadana (Transparencia Internacional), Manfredo Marroquín. “Lamentablemente este Gobierno se ha caracterizado por poner al frente de las instituciones a gente sin experiencia y con hojas de vida profesional muy cuestionables”, añade. A criterio del experto, de comprobarse las responsabilidades, los funcionarios de Conred quedarían sujetos a penas por delitos como incumplimiento de deberes y, la más grave, homicidio culposo por cada una de las vidas que se perdieron, cuya cifra exacta todavía se desconoce.
Cinco días después de la tragedia, ni siquiera hay certeza sobre el número de víctimas y desaparecidos. Con respecto a las primeras, este viernes se registraban oficialmente 109, cuyos cuerpos han sido sepultados por los familiares o permanecen en la morgue. El desacuerdo con respecto a los desaparecidos es mayúsculo. Oficialmente se reportan «alrededor de 200», cifra que se considera manipulada para no afectar la imagen del Gobierno. Un cartel de bienvenida, colocado a la entrada de la aldea El Rodeo que quedó sepultada bajo toneladas de ceniza, cifra el número de habitantes del lugar en 8.500. La pregunta es dónde están.
Para el defensor del Pueblo, Jordán Rodas, “la Conred no dimensionó la importancia de las alarmas”. Rodas añade que Guatemala no superará su condición de vulnerabilidad sin cambios estructurales importantes. “Los más pobres son los más perjudicados. Esto no cambiará si el modelo económico que favorece esa desigualdad, no se revisa. Tampoco tenemos planes de prevención ni de ordenamiento territorial que impidan la construcción de viviendas en lugares de alto riesgo. Todo ello requiere un cambio de actitud, que va más allá del discurso”, concluye.
En la percepción de una reacción insuficiente y tardía por parte del Gobierno coincide el analista Edgar Celada, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. “Quedaron a la vista las deficiencias extremas institucionales. Eso explica la magnitud de la tragedia”. Añade que también ha quedado en evidencia la tendencia de los funcionaros a explotar mediáticamente la situación. “Es lamentable que el Gobierno pretenda obtener respaldos mostrando su interés por ayudar a los damnificados. La crisis política por la que atraviesa el presidente Morales explica que acuda a esa manera tan lamentable y terminará volviéndose en su contra”.
