Redacción- El Presidente de la República, Carlos Alvarado, y el Ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, firmaron la Resolución R-148-2018-MINAE.
Con la firma se otorga la prórroga del plazo de vigencia de la Concesión de Explotación Minera Aurífera Subterránea Tipo Artesanal a la Asociación Nacional de Mineros (ANAMI), por un período de 10 años, con una tasa de extracción de 120 metros cúbicos por día, explicó el ministro de Ambiente.
Gracias a esta resolución, 45 hogares que conforman la ANAMI se verán beneficiados por medio de este proyecto orientado a la economía social solidaria. Es importante subrayar, que en el cantón de Abangares el 10% de la población se dedica a la extracción del oro y un 70% se dedica a la elaboración y comercialización de los productos.
Cabe resaltar, que la resolución establece como fecha límite el 10 de febrero de 2019 para que la concesionaria deje de usar técnicas de lixiviación con mercurio y cianuro en el procedimiento de recuperación del oro.
Es decir, a partir de esa fecha, la asociación concesionaria tendrá la obligación de eliminar las citadas técnicas mineras, caso contrario, podrá ser cancelada su concesión, mediante el debido proceso.
“La concesionaria deberá realizar el cambio tecnológico a algún método sin uso de mercurio y cianuro y en concordancia con la legislación vigente”, indicó el ministro de Ambiente.
Asimismo, deberá presentar a la Dirección de Geología y Minas la nueva metodología de recuperación de oro, para que sea valorada y aprobada. “En el caso de que haya diferencias significativas de los impactos ambientales por el cambio tecnológico, deberá ser sometido a valoración ante el ente competente”, subrayó Rodríguez.
Según esta resolución, la Asociación Nacional de Mineros deberá cumplir con todas las obligaciones que le impone el Código de Minería y su Reglamento, Decreto Ejecutivo Nº 29300-MINAE y las recomendaciones que le dicten la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y la Dirección de Geología y Minas. Caso contrario, se procederá a iniciar el respectivo procedimiento de cancelación de la concesión.
