Redacción- Este lunes, oficiales de la Gestión de Investigaciones de la Policía Profesional de Migración, en coordinación con la Fiscalía Adjunta contra la Trata y Tráfico de Personas del Misterio Público y el Juzgado Penal de Heredia, detienen, en la zona de Getsemaní en Heredia, a una mujer costarricense de apellidos Benavides De la O como principal sospechosa del delito tráfico de personas, en su mayoría de costarricenses, quienes eran trasladados hacia los Estados Unidos y Canadá.
A través de la investigación, los oficiales de Migración determinan que Benavides De la O falsificaba diferentes tipos de documentos como movimientos bancarios de diversas entidades, órdenes patronales, patentes municipales, permisos sanitarios, constancias laborales, entre otros, cobrando por ello sumas aproximadas a los cinco mil dólares.
Estos documentos falsos eran presentados por los costarricenses traficados en la Embajada de Estados Unidos y en el Centro de Visas de Canadá en el país, con el propósito de simular que los aspirantes mantenían arraigo en el país, así como condiciones socioeconómicas favorables y estables, obteniendo mediante este engaño, las visas respectivas para poder viajar dichos países como destino final. Tanto la Embajada de Estados Unidos como el Centro de Visas de Canadá colaboraron con la investigación.
Una vez obtenidas las visas respectivas, Benavides De la O se encargaba de la compra de tiquetes aéreos, planear las rutas de viaje y orientar a las personas traficadas para mantener el comportamiento correcto y no levantar sospechas en los puestos fronterizos de ingreso a Estados Unidos y Canadá.
El domicilio de Benavides De la O en Heredia, lugar donde fue detenida el día de hoy, era su centro de operaciones para la ejecución de estas actividades, además de ser su centro de reuniones con los traficados, para la entrega de los documentos fraudulentos y coordinación de todo lo relacionado al viaje.
La detenida deberá enfrentar una causa por el delito de tráfico de personas, como responsable de promover, planear, coordinar y ejecutar el traslado de personas costarricenses, exponiéndose a una pena de prisión de entre dos a seis años, según el artículo 249 bis de la Ley General de Migración y Extranjería 8764.
