Redacción – Las autoridades ya no podrán decomisar vehículos donde viajen personas con discapacidad por temas de respeto a los derechos y a la dignidad de ellas, según la Sala Constitucional al declarar con lugar un recurso de amparo que presentó una madre que vivió esta situación con su hijo.
Ella acusó a la Policía de Control Fiscal (PCF) del Ministerio de Hacienda porque les decomisó un vehículo en horas de la noche y en plena carretera, en el cual se transportaba su hijo, una persona con discapacidad. Considera la recurrente que los derechos fundamentales de su hijo han sido violentados.
Por Sentencia N°2018-13317, el del 17 de agosto de 2018, la Sala IV declaró parcialmente con lugar este recurso, pues comprobó que el joven de 21 años es una persona con discapacidad. Padece de varias enfermedades y requiere su desplazamiento en silla de ruedas.
«Se confirmó que existió una falta de sensibilización del personal a cargo de desplegar las actuaciones lo que lesionó la dignidad y seguridad del amparado ya que no tomaron en consideración la condición de salud de la persona, la distancia considerable a su lugar de residencia, los cuidados especiales que necesita para atender sus dolencias y la hora en que se practicó el decomiso», informó el Ministerio Público.
La Sala, por unanimidad, ordenó al director general y al director de la PCF que dispongan lo necesario para que, en los casos que proceda el decomiso de un vehículo y se encuentre alguna persona con discapacidad que requiere cuidados especiales, los funcionarios procedan con respeto de los derechos y la dignidad de estas personas.
Por lo anterior, deberán de tomar las previsiones necesarias para no vulnerar o poner en riesgo la vida, la salud, la comodidad, la integridad y la seguridad de estas personas.
La institución recuerda a las demás entidades que existe todo un marco normativo local e internacional que protege a las personas con discapacidad.
«La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo tiene como propósito: “(…) promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente” obligando a los Estados partes a propiciar la plena integración en la sociedad de las personas con discapacidad», concluyó.
