Redacción– A pocos días de que la Sala Constitucional emita un pronunciamiento sobre las uniones entre personas del mismo sexo, la Defensoría de los Habitantes considera que Costa Rica tiene la obligación de saldar una de las principales deudas con la población LGBTI.
Como bien lo ha venido señalando históricamente la Defensoría, dichas relaciones se encuentran amparadas por el derecho de protección a la familia del artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos, excediendo la obligación del Estado al simple reconocimiento de efectos patrimoniales de estas uniones para, en su lugar, tratarlas como parte de un proyecto de vida en común que merece su pleno reconocimiento y tutela.
La Defensoría considera que ya la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) envió un mensaje contundente sobre el reconocimiento de la dignidad y los derechos de la población LGBTI; al ordenar que se garanticen todos los derechos existentes en la legislación, incluido el derecho al matrimonio, sin discriminación alguna frente a las parejas heterosexuales.
Insiste la Defensoría en que las interpretaciones aún en opiniones consultivas de la Corte IDH tienen el mismo valor normativo que la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que pasa a ser obligatoria para el Estado costarricense tal y como lo ha establecido la propia Sala Constitucional en su oportunidad.
Ante este panorama, la Defensoría hace un llamado respetuoso para que la Sala Constitucional mantenga la trayectoria del país en cuanto al liderazgo en materia de derechos humanos y el respeto a las obligaciones internacionales asumidas por Costa Rica.
La Defensoría confía en que las y los magistrados reconozcan la figura jurídica del matrimocio entre personas del mismo sexo como vínculo civil (no religioso el cual se regula bajo otras reglas), a la luz del derecho a la igualdad y el principio de no discriminación.
