Redacción – El gobierno del presidente Carlos Alvarado, en lo que va de su gobierno, ha ignorado el problema entre los taxis rojos y las plataformas digitales de transporte privado.
El pasado 4 de julio, el Poder Ejecutivo firmó con el gremio de taxistas, un acuerdo de 10 puntos para evitar bloqueos ante el funcionamiento de UBER y otras plataformas.
Además, se definió que en un plazo de 45 días, el Gobierno dará una respuesta a la problemática.
AMPrensa.com publicó recientemente una nota que revela un supuesto compadrazgo entre los policías de tránsito y los taxis rojos para detener a choferes de UBER. En los audios y vídeos que se compartieron, se evidencia cómo ambos se comunican durante los operativos.
El presidente de la Cámara de Plataformas Tecnológicas, César Blasco, denunció que el gobierno no incluyó en la convocatoria de proyectos de ley de la sesiones ordinarias, ningún proyecto de ley que pretenda regular el servicio de plataformas tecnológicas de transporte.
Considera que esto es un claro mensaje de que al Gobierno no le interesa buscar una solución.
«La noticia de que el gobierno no mete a extraordinarios ninguno de los proyectos que podían estar en la Asamblea Legislativa, a nosotros nos parece una clara decisión del Ejecutivo de mirar hacia otro lado, de no entender o no recibir, todo el clamor del pueblo para que esto se solucione y se regularice», sentenció.
Según Blasco, el Ejecutivo está esperando a que se venza el plazo para favorecer a los taxistas.
Por su parte, varios diputados afirmaron que el gobierno no ha mostrado mayor interés en relación con este tema.
El legislador del Partido Republicano Social Cristiano, Dragos Dolanescu, manifestó que esto es una falta de seriedad por parte del «cogobierno PUSC-PAC». Señaló que los choferes de estas plataformas quieren trabajar en regla pero lo que hace el gobierno es perseguirlos en las calles.
Por su parte, el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, aunque no puede asegurar que existió un compadrazgo entre taxistas y gobierno, cree que sí hubo un acuerdo entre las partes.
Indica que al 20 de agosto, fecha en que se vence el plazo, no se dará una solución definitiva para abordar el tema de manera integral.
