Redacción- La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) temen que el aprobar el proyecto de Ley N°20.641 “LEY DE COMBUSTIBLES (Ley para avanzar en la eliminación del uso de combustibles fósiles en Costa Rica y declarar el territorio nacional libre de exploración y explotación de petróleo y gas)” por razones legales, de costo, técnicas y de competitividad del país, sea darle un “cheque en blanco” a RECOPE.
Por ello, mediante una carta los Industriales les manifestaron a todos los Diputados de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa su oposición al proyecto.
Enrique Egloff, Presidente de la CICR explicó que de aprobarse el proyecto de Ley de Combustibles le estarían entregando un “cheque en blanco” a RECOPE para gastar a manos llenas en todo tipo de ocurrencias.
“Ampliar el alcance de RECOPE y autorizarlo a cargar a tarifas de combustibles es otorgar un cheque en blanco para que le escriba los números que desee gastar. Esto chocaría con la Ley de ARESEP que prohíbe cargar gastos innecesarios a tarifas para brindar el servicio”, mencionó Egloff.
Los industriales señalaron que es totalmente inconveniente ampliar el monopolio de RECOPE a nuevas actividades en las que el sector privado puede competir, y en el que incluso actualmente se discute en círculos de la opinión nacional la conveniencia de mantener el monopolio en las actividades actuales.
El Presidente de los industriales explicó que además de razones técnicas y económicas, las más graves son las legales porque podrían poner al país en problemas ante demandas internacionales.
“Modificar la Ley de RECOPE para alcanzar otros combustibles no derivados del petróleo como el gas natural y los biocombustibles e hidrógeno, no solo requiere la aprobación por dos tercios de los diputados, sino que requeriría la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, República Dominicana y los demás países centroamericanos por tratarse de un acuerdo multilateral”, señaló Egloff.
Respecto de las razones económicas, la Cámara de Industrias de Costa Rica enlistó los privilegios que en toda actividad nueva que se le autorice a RECOPE se cargaría automáticamente al precio de los combustibles: anualidades, subsidios médicos, becas en el país y en el exterior, cesantía de 20 años, créditos, subsidios de alimentación, pagos del 100% de una incapacidad, sobresueldos, 30 días de vacaciones, pago de zonaje, entre otros.
“Pretender que RECOPE sea el promotor de una nueva era en la energía de Costa Rica, produciendo biocombustibles o liderando investigaciones o nuevos proyectos riesgosos, es un grave error, ya que eso encarecería totalmente el servicio al consumidor final”, agregó Egloff.
La Cámara de Industrias de Costa Rica propuso a los diputados que abrir el mercado para el gas natural puede ayudar a disminuir el déficit fiscal, uno de los principales problemas que enfrenta el país. Ellos expusieron el caso de países como Noruega y Finlandia que han financiado su déficit fiscal y sus sistemas de pensiones, con la explotación de su gas y hoy disfrutan de los mejores índices de desarrollo humano.
“La explotación de gas puede ser una salida para disminuir el déficit fiscal. No estamos en un momento para cerrar oportunidades de empleo y desarrollo en una economía costarricenses que está cargando tanto de impuestos a sus ciudadanos y a las empresas, lo que provoca que se esté deteniendo el crecimiento económico y el bienestar de la población”, añadió Egloff.
Asimismo, los industriales han señalado oportuna y frecuentemente que los combustibles de Costa Rica son los más caros de Centroamérica, por lo que sería contraproducente darle el monopolio de gas natural a RECOPE, si tiene un antecedente tan fuerte de costos caros.
Adicionalmente, en este momento la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP ha sido obligada por la Sala IV a abrir un expediente tarifario para reconocer gastos de RECOPE que no son requeridos para brindar el servicio, lo que es contradictorio con la Ley de la ARESEP, pero como están en su convención colectiva, entonces los consumidores debemos pagarlo en las tarifas de combustibles, lo cual contribuye a que los combustibles costarricenses sean los más onerosos de la región.
