Redacción – Expertos del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (UNA) destacan una serie de riesgos que afectarían a los costarricenses en general si no se aprueba el combo fiscal que plantea este gobierno, pues el creciente deterioro de las finanzas públicas amenaza la estabilidad macroeconómica de Costa Rica.
«Son varios años los que llevamos discutiendo sobre la urgencia de sanear las finanzas del Estado, más, sin embargo, muchas personas, incluidos algunos políticos, no comprenden la gravedad de la situación y las serias consecuencias que tendría para el país la no aprobación de las reformas necesarias en el muy corto plazo», comunicó la institución.
Antes de presentar esta problemática en cifras, cabe explicar que el Producto Interno Bruto (PIB) es el valor económico monetario como resultado de la producción de los bienes y servicios de un país.
Falta de recursos propios
Con lo anterior, los economistas explican que el gasto del gobierno como porcentaje del PIB pasó del 15,3% en 2008 a 20,7% en el 2017. Eso mientras la recaudación de impuestos como porcentaje del PIB se ha mantenido en cerca del 13% en los últimos 10 años.
Dado esto, se da la falta recursos propios para cubrir los gastos y como consecuencia, la deuda del Estado se ha incrementado considerablemente.
Hace 10 años, la deuda del gobierno fue de 24,1% del PIB, en 2017 alcanzó el 49,1% del PIB, mientras que para 2018 y 2019, el Banco Central de Costa Rica estima, en su programa macroeconómico, que la misma alcanzará el 53,8% y 58,4% del PIB, respectivamente.
En el presupuesto 2019 recién presentado a la Asamblea Legislativa por parte del Ministerio de Hacienda, se estima un gasto del gobierno del 29,6% del PIB, financiado en un 53,5% con nueva deuda y solo el 46,5% con ingresos propios. Es decir, el déficit estimado es de 7,9% del PIB para el 2019.
Posibles consecuencias
Las cifras presentadas por la institución denotan la gravedad de la situación de las finanzas públicas y la urgencia de tomar decisiones adecuadas.
«Se requiere un ajuste inmediato, para evitar una crisis fiscal que tendría graves secuelas para la economía y para el país en su conjunto», destaca el informe de la UNA.
Según la Escuela de Economía de la universidad, si no se aprueba la reforma fiscal, una de las consecuencias es el incremento que podrían experimentar las tasas de interés y, por tanto, el costo de la deuda para el Gobierno Central y para las empresas y familias en el país.
El creciente endeudamiento del Estado también se replica en el sector privado. Al analizar los datos del Banco Central de Costa Rica, el crédito que se le dio al sector privado no financiero en julio de este año, alcanzó el 58,2% del PIB, es decir, ¢20,1 billones. En 2007 representaba el 43,2%, es decir, en los últimos 10 años, la deuda privada ha crecido en casi 15 puntos porcentuales.
Según datos del Ministerio de Economía y Comercio (MEIC), del 2010 al 2018, la deuda con tarjetas de crédito se ha duplicado y alcanzó en abril de este año el 3,5% del PIB -¢1,2 billones-, siendo que las tasas de interés de este tipo de créditos rondan el 40% y 50%.
En resumen, si se suma la deuda del Gobierno Central y la deuda del sector privado no financiero -53,8% y 58,2%, respectivamente-, no alcanzaría toda la producción de bienes y servicios de consumo final de todo un año para pagar el la deuda y, mucho menos, los intereses.
Si a lo anterior se le suma que, del total de la deuda del sector privado no financiero, el 39% se encuentra denominada en dólares y el 61% en colones, y que, cerca del 71% de las personas endeudadas en dólares ganan en colones, según datos de la SUGEF, entonces:
- Ante un incremento en las tasas de interés y en el tipo de cambio, como consecuencia de no tomar las medidas a tiempo para sanear las finanzas públicas, muchísimas familias podrían ver comprometida su estabilidad económica y la estabilidad del sistema financiero.
«Es por lo anterior, entre otras razones, que urge un acuerdo que permita evitar una crisis económica en el país; sin embargo, ese sentido de urgencia no debe ser una excusa para descuidar aspectos importantes como por ejemplo cuáles sectores son los que soportarán el peso de la reforma fiscal. Todos debemos aportar, pero de acuerdo con nuestras posibilidades para que el país salga adelante. De lo contrario, las consecuencias serán muy negativas para la economía y sociedad», afirmó el Observatorio Económico y Social de la UNA.
