Redacción. Una encuesta realizada por el Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP) -de la Universidad de Costa Rica (UCR)- reveló que el 65% de la población considera que se debería pausar y renegociar el trámite del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que se discute en la Asamblea Legislativa; el 21% lo rechazaría y 14% lo aprobaría.
El estudio fue aplicado a 723 personas de todo el país entre el 18 y 19 de setiembre, por medio de llamadas a teléfonos celulares.
De acuerdo con la UCR, la medición determinó que la mayoría de las personas consultadas se sienten molestas con la coyuntura que atraviesa país y califican la situación fiscal como muy grave, aunque sólo el 51% la asocia con la incapacidad del gobierno para enfrentar sus compromisos presupuestarios.
El 52,3% de los consultados valora de forma positiva el movimiento de huelga y corresponden en su mayoría a personas jóvenes con nivel educativo de primaria o menos y ubicados en las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón.
La encuesta también reveló que la mayoría de los consultados rechaza acciones como los bloqueos, las afectaciones a la distribución de combustibles, así como la suspensión de servicios médicos y clases en escuelas y colegios.
Solo las marchas pacíficas cuenta con un porcentaje de apoyo a favor y según Ronald Alfaro, coordinador de la Unidad de Opinión Pública del CIEP, eso reflejo de valores propios de la sociedad costarricense.
De acuerdo con una nota de la UCR, «la ciudadanía tiene un fuerte respeto por las libertades, por lo cual, cualquier acción que amenace este principio podría desencadenar percepciones de rechazo.
“Nadie puede negar que el movimiento de huelga tiene un apoyo fuerte, pero no es un apoyo incondicional, sino que tiene una serie de condiciones y si esa protesta no las cumple, la gente toma distancia y reacciona en contra” enfatizó Alfaro.
Rechazo al gobierno
El estudio realizado por el CIEP estableció que existe un rechazo a las acciones implementadas por el gobierno frente a la protesta.
El 73% de los consultados está en contra del uso de la fuerza policial para dispersar los bloqueos y el 68% de que se declare ilegal el movimiento.
