Redacción – Un ciudadano costarricense presentó un recurso de amparo contra el presidente de la República, Carlos Alvarado, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez y contra el director de la Policía de Tránsito, Germán Sandí, por las acciones de los oficiales al bajarle las placas a los autobuses que transportan a manifestantes.

Este lo presentó Jorge Ruiz Fernández contra la «medida de inmovilización de autobuses que trasladan manifestantes». Esto porque afirma que la Sala Constitucional debe respaldar los derechos de los huelguistas para poder asistir a los movimientos, puesto que fueron violentados al bajar las placas de los autobuses.

«Vivimos en un país de derecho, en una democracia donde nuestra Carta Magna establece tanto la libertad de tránsito, dicho sea de paso, libertad que no hace referencia únicamente a mi traslado o movimiento físico motor si no también a los medios que utilizo para ejecutarla y de la misma manera establece mi derecho a manifestarme y expresarme libremente y no puede ser que mediante una orden administrativa disfrazada el Gobierno me limite de forma directa mediante actos indirectos mis derechos», escribió Ruiz en el documento.

Como parte de la solicitud que hace el ciudadano es que el Estado pague los daños ocasionados a los miles de manifestantes que no pudieron llegar a la manifestación, según señaló en el escrito.

El recurso completo es el siguiente:

«Recurrente: Jorge Ruiz Fernández
Recurrido: Presidente de la República Sr. Carlos Alvarado
Ministro del MOPT Sr. Rodolfo Mendez Mata
Director de la Policía de Tránsito

Honorable Sala Constitucional, el suscrito JORGE ANTONIO RUIZ FERNANDEZ, portador de la cédula de identidad 1-0768-0068, mayor casado dos veces, vecino de Turrialba ante ustedes con todo el respeto me presento a interponer formal recurso de amparo contra el Presidente de la República, Ministro del Ministerio de Obras Públicas y Transporte y contra el Director de la Policía de Transito por considerar este servidor que se violentó mi derecho y el de miles de personas a manifestarnos libremente impidiéndonos desplazarnos y llegar a tiempo a la manifestación programada en San José cuando de forma abusiva y en un flagrante abuso de autoridad se giro orden para DETENER e INMOVILIZAR (termino que la ley de tránsito aplica al acto de bajar las placas) todos los autobuses que trasladaban a los manifestantes.

Señores Magistrados, con todo respeto considera este servidor que un derecho debe ser tutelado desde todos los aspectos, un derecho no es parcial ni puede estar condicionado por actos administrativos que indirectamente lo que provocan es poner el riesgo la ejecución o disfrute pleno de dicho derecho.

El gobierno al ordenar inmovilizar los autobuses y busetas que nos trasladaban a la capital buscaba que no llegaran los manifestantes a la concentración y es ahí donde el Honorable Tribunal Constitucional debe tutelar nuestro derecho. Es más que claro el objetivo o el espíritu de la orden emanada por el Gobierno quien en lugar de garantizar mediante todos los medios que los ciudadanos puedan disfrutar de su derecho a manifestarse, por el contrario, ordena inmovilizar TODOS los autobuses y busetas que transporten manifestantes, orden arbitraria pues son unidades que brindan servicio de turismo y cuentan con sus respectivos permisos como lo demuestro con los documentos de la unida que precisamente me trasladaba a mí.

Vivimos en un país de Derecho, en una democracia donde nuestra Carta Magna establece tanto la libertad de tránsito, dicho sea de paso, libertad que no hace referencia únicamente a mi traslado o movimiento físico motor si no también a los medios que utilizo para ejecutarla y de la misma manera establece mi derecho a manifestarme y expresarme libremente y no puede ser que mediante una orden administrativa disfrazada el Gobierno me LIMITE DE FORMA DIRECTA mediante actos indirectos mis derechos.

Todos sabemos que para las votaciones cada 4 años el TSE concede una suma de dinero bastante alta para que los partidos políticos paguen los medios de transporte para llevar los electores a las urnas, todos sabemos que cada enero cientos de autobuses y busetas trasladan a miles de personas a las fiestas de Palmares, todos sabemos que cada 1 y 2 de agosto cientos de autobuses y busetas realizan servicios de transporte desde Cartago a San José para trasladar feligreses que acuden a las romería y en todos los casos a pesar de los múltiples operativos de transito la policía facilita ese traslado y no infracciona a las unidades que realizan los servicios, sin embargo y es aquí lo grave para nosotros los que veníamos de zonas alejadas como los indígenas de Talamanca y otras personas de zonas alejadas si giran la orden de inmovilizar los autobuses y que no vengan a decir ahora que no están limitando nuestro derecho si no que están controlando nada más los autobuses porque Honorables Magistrados ES MAS QUE EVIDENTE QUE SI NOS QUITABAN EL MEDIO DE TRANSPORTE NADIE VA A CAMINAR DESDE TALAMANCA, LA CRUZ O CIUDAD NEILLY HASTA SAN JOSE, y al final lograban su objetivo de que no llegáramos tanta gente a la manifestación.

También debe considerarse el hecho – en el tanto cumpla con las condiciones que el ordenamiento jurídico establece – que nadie puede condicionarme en donde quiero yo libremente ejercer mi derecho a manifestarme, no es ahí donde nos bajaron de los buses que iba yo a manifestarme, yo iba a ejercer mi derecho en San José situación que no fue posible pues el Gobierno bloqueo mi posibilidad de trasladarme, y que no vengan ahora a decir que mi libertad de tránsito tampoco fue expuesta porque igualmente la transgredieron a limitarme continuar de forma abusiva con mi desplazamiento en el medio que yo decidí.

Por todo lo expuesto, le ruego a la Honorable Sala declarar con lugar el presente recurso y condenar al Estado al pago de todos los daños ocasionados a los miles de manifestantes que no pudimos llegar a nuestro destino final por la abusiva y temeraria orden administrativa que giraron de inmovilizar todas las unidades que transportaran manifestantes, situación que quedó documentada en las declaraciones que el Director de Tránsito dio a los medios de prensa».