Redacción- El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), en conjunto con autoridades de la Policía de Migración, realizó una serie de allanamientos esta mañana, que dio como resultado la detención de 30 personas ligadas al tráfico y trata de personas. 11 de estos, funcionarios de Migración.
Se trata de miembros de una banda organizada de carácter transnacional, que tenía como centro de operación, una marisquería ubicada en Sabana Norte. Uno de los dos líderes, ambos de origen chino, era el dueño del local.
«Uno de los locales comerciales era el centro de operación, una marisquería ubicada en el centro de la Sabana», confirmó Walter Espinoza, Director del Organismo de Investigación judicial.
Asimismo, Espinoza afirmó que la organización utilizaba una persona jurídica, como asesor empresarial de Costa Rica.
«Servía para emitir documentos que simulaban la existencia de actividades laborales en nuestro país. Para que a través de estos asesores legales, pudieran presentar documentos a las autoridades migratorias», señaló Espinoza.
Además de estos dos líderes chinos, se suman dos extranjeros de nacionalidad peruana, quienes aparentemente, trasladaban a las víctimas.
La banda se dedicaba al trafico de personas, de nacionalidades india y china. La organización contaba con miembros en Panamá, lo que permitió también la desarticulación del grupo que operaba desde ese territorio.
Los miembros de la banda transportaban a las personas objetos de delito y a víctimas de delitos de trata de personas, quienes coordinaban el traslado desde China o la India, desde la ruta de sus países, vía aérea, hasta Europa.
Estos se transportaban hasta Sudamérica, llegaban a países como Ecuador, Colombia o Perú, donde contaban con sus nexos criminales, para posteriormente trasladarlos hasta Centroamérica, e ingresarlos a territorio costarricense con la ayuda de funcionarios públicos.
Una vez en nuestro país, las víctimas eran explotadas laboralmente quienes eran “distribuidas” en negocios administrados por orientales que “compraban” a estas personas para que laboraran en diversas partes del país o, en su defecto, por pedido especial, eran trasladadas a la frontera con Panamá.
Una vez en territorio panameño, eran entregadas a otros miembros de la organización, quienes se encargaban de ingresarlas a territorio panameño, ya fuera para mantenerlas en ese país o bien para enviarlas a Norteamérica.
Esta actividad ilícita, se traducía en sumas millonarias, pues cada víctima debía pagar entre 25 mil y 45 mil dólares para poder ingresar al país con documentación falsa.
En cuanto al monto que ganaba cada oficial de la Policía de Profesional Migración por su participación en la organización, este variaba dependiendo de su “estatus”.
Quienes conformaban directamente la organización, obtenían ganancias de entre 4.000 o 6.000 dólares. Los oficiales que habían sido reclutados por ellos, recibían una suma que oscilaba entre los 2.000 y los 4.000 dólares por cada persona que permitían ingresar de manera ilegal al país.
Los allanamientos se realizaron en Heredia, San Jose, Alajuela y Guanacaste.
