Redacción– Un total de 1.200 funcionarios públicos de diferentes instituciones buscan desafilarse de un plan funerario que firmaron con la empresa Funerales Vida, pero -según denuncian- hasta el momento les ha sido imposible porque les niegan la recepción de los documentos.
De acuerdo con varios denunciantes, encabezados por Roberto Oviedo Molina, la compañía les colocó trabas más allá de las contractuales para evitar un rompimiento de la relación. Muchos de los funcionarios de zonas alejadas del país, a quienes se les ha informado, supuestamente, que el trámite de desafilicación solo puede realizarse en San José.
«Se traba el trámite porque no quieren recibir documentos ni poderes debidamente autenticados de personas que por tiempo, dinero, espacio y horarios no pueden presentarse aquí a renunciar», explica Oviedo, quien figura como apoderado de más de 200 personas.
Los funcionarios sostienen a través de su representante que han sido víctimas de la agresividad comercial de la empresa y que ello ha conllevado a rebajas dobles que afectan su liquidez y récord crediticio.
Gran cantidad de empleados públicos han acudido a la asesoría legal del Sindicato de Trabajadores de la Salud para utilizar vehículos legales para salir de los planes funerarios, pero hasta la fecha no les ha sido posible.
Por su parte, Funerales Vida ha señalado a lo largo del proceso -que suma más de un año- que existe un incumplimiento por parte de los funcionarios y del sindicato que se encargaba de retener los montos correspondientes al plan.
En su momento, el dueño de la empresa -el colombiano Fernando Oquendo- dijo que el sindicato alegó que que el plan funerario era falso, cuando existía desde 1986 en Colombia y opera en otros países.
Finalmente, los funcionarios piden que se respete el artículo 25 de la Constitución Política, que textualmente señala: “Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna”.
