Redacción- Con estupor y profundo malestar fueron testigos de los nuevos actos abusivos por parte de manifestantes del movimiento sindical coordinado y dirigido por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
El Presidente de la República fue víctima de un intento de agresión física y verbal; situación que representa una violación al orden democrático y a la institucionalidad del país y como tal, es rechazada con firmeza por la Cámara Costarricense – Norteamericana de Comercio (AmCham).
AmCham condena firmemente los abusos cometidos en el ejercicio del derecho a manifestarse, arbitrariedades de las que ha sido víctima la sociedad costarricense como resultado del caos generado por la ilegal obstaculización al libre tránsito, el vandalismo y los diferentes actos de agresión.
Los daños causados han sido cuantiosos; y los excesos cometidos contra la institucionalidad del país, la vida y la seguridad de las personas deben ser resarcidos y ameritan que caiga todo el peso de la ley penal y laboral, de manera que se sancionen, en forma ejemplarizante, todas las conductas que hayan violado el orden público.
Según Elías Soley, presidente de AmCham, actualmente se viven tiempos en los que hay que tomar decisiones trascendentales con espíritu patriótico; y por eso, no son admisibles ni tolerables los actos de irrespeto hacia la institucionalidad del país y a la investidura del Presidente de la República.
“Demandamos una inmediata y enérgica reacción del Poder Judicial, para que sea consecuente con el interés público y haga caer todo el peso de la ley sobre los instigadores y organizadores de este repudiable ataque al orden público, concretado en la agresión al Presidente, así como al resto de la ciudadanía mediante la realización de innumerables delitos como el sabotaje al oleoducto de RECOPE, la toma de los quirófanos del Hospital San Juan de Dios, el incendio de unidades de transporte en Limón, entre otros”, comentó Soley.
Para AmCham, los trabajadores responsables del sector público que se han incorporado a estos movimientos ilegales deben separarse de los actos violatorios al orden público, que están promoviendo algunos integrantes de los movimientos sindicales con débil y equivocado liderazgo y tomar consciencia de que los excesos al momento de manifestarse representan una agresión no solo a la institucionalidad, sino a toda la sociedad costarricense.
