Redacción- Hombres y mujeres sin empleo y que deben recurrir a los beneficios sociales del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para subsistir; personas adultas mayores que, dada la informalidad de los oficios que desempeñaron o las irregularidades en sus contratos laborales, y fijan su esperanza en una pensión del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
También familias que alquilan una vivienda en mal estado o que viven en condición precaria ya que no han tenido éxito en los intentos de ser beneficiarias con un bono de la vivienda; son algunas de las condiciones de pobreza que afrontan habitantes de las regiones Huetar Caribe y Pacífico Central.
Estas son unas de las premisas de una investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes sobre la “Caracterización de la vivencia de las y los habitantes en condición de pobreza de las regiones Huetar Caribe y Pacífico Central”, en la que se parte del conocimiento y experiencias recabadas por la Defensoría en la atención de las quejas planteadas por dicha población ante las Sedes Regionales Atlántica y Pacífico Central.
Según datos de la Defensoría, en el periodo 2011-2016, del total de quejas registradas por ambas regionales, 4036 corresponden a situaciones donde las personas alegan que instituciones como el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense (FAESUTP), Fondo Nacional de Becas (FONABE), Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); no habían atendido o atendieron de manera irregular su gestión, cuya finalidad era lograr la atención en alguno de los programas de política social selectiva.
En esos términos, lo registrado corresponde a un 8% del total de quejas recibidas por la Oficina Regional Atlántica, y un 32 % de lo recibido por la Oficina Regional Pacífico Central.
Las cifras de la Defensoría están estrechamente relacionadas con la información que recopiló la Encuesta Nacional de Hogares de julio 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que determinó que el porcentaje de hogares en pobreza en la región Pacífico Central aumentó, pasando de 28,2 % en el 2016 a 29,9 % en el 2017; mientras que la región Huetar Caribe mostró una disminución al pasar de 27,6% en el 2016 a 26.7% en el año 2017.
Para el estudio también se aplicaron entrevistas estructuradas a 200 personas en la región Huetar Caribe y a 240 personas en la región Pacífico Central, de manera personal y en sus lugares de residencia.
A estas familias se les consultó sobre las condiciones en que viven, los aspectos personales y los externos que determinan la forma en cómo enfrentan esas condiciones, la recurrencia y resultados obtenidos al acudir a la institucionalidad encargada de administrar los programas de política social selectiva, así como las oportunidades de mejora en esas instituciones para que los bienes y servicios que brindan atiendan de manera efectiva y eficiente conforme a los fines para los que fueron creados.
De los hallazgos obtenidos, uno de los que más preocupa a la Defensoría tiene que ver con que varias de las familias entrevistadas, en ambas regiones, manifestaron que en muchas ocasiones deben racionar los alimentos, incluso limitando alguna de las comidas básicas, lo cual resulta inaceptable toda vez que en el país existe una amplia inversión social que debería estar incidiendo de una manera efectiva para evitar que una situación tan lamentable se esté produciendo en nuestro país.
Pese a ello, el 62% de las familias entrevistadas en la región Huetar Caribe y el 29% en la región Pacífico Central, no había recibido un beneficio de política social selectiva en los últimos cinco años.
Otros hallazgos apuntan hacia la necesidad de mejora en la atención a las personas usuarias de los servicios, acceso a información clara y oportuna sobre los programas, procedimientos y requisitos, presunta discriminación en la atención –particularmente así manifestado por la población afrodescendiente en la región Huetar Caribe– y la necesidad e importancia de que las instituciones trabajen más de la mano con la población y las fuerzas vivas de las comunidades, tanto en el diseño como en la ejecución y evaluación de las políticas y programas. Para la población de ambas regiones que colaboró con la investigación, es de vital importancia la disposición de espacios efectivos de participación ciudadana para el combate de la pobreza.
