- El delito investigado es influencia contra la hacienda pública
Redacción- Desde horas tempranas de la mañana, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) dirige una serie de allanamientos en tres instituciones por una «pifia» en la construcción de una carretera en Limón.
Las diligencias por parte de las autoridades se realizaron en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Consejo Nacional de Concesiones, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Consorcio Atlántico Ruta 257, conformado por las compañías MECO S.A. y Puentes y Calzadas.
El caso está relacionado con la licitación que llevó a cabo el CONAVI, bajo la rectoría del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para la conexión entre la ruta 32 y la Terminal de Contenedores de Moín, el cual fue adjudicado al consorcio allanado hoy.
El precio inicial de la licitación, que no cumplió con el objetivo contractual para lograr la conexión definitiva, pues hubo un faltante de más de 80 metros que impedía el acceso a la terminal portuaria, fue de $71.857.500.
Como consecuencia, el Estado costarricense tuvo que asumir el pago adicional de $14 millones, correspondientes al valor del diseño y construcción de la porción de terreno que no fue contemplada inicialmente para lograr la conexión.
De acuerdo con la Fiscalía, «no existieron errores de diseño, sino que desde que el proyecto se adjudicó se conocía del faltante para acceder a la terminal, así como del resultado lesivo que eso provocaría a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública».
Lo anterior es una hipótesis de las autoridades, ahora serán las pruebas las que determinarán si se valida o se descarta la misma.
Como resultado de los allanamientos, no hay personas imputadas. Solamente se realizaron decomisos de pruebas que serán analizadas por el Departamento de Ingeniería Forense del Organismo de Investigación Judicial.
El delito investigado es influencia contra la hacienda pública, regulado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, que contempla penas de entre dos y ocho años de prisión.
