Redacción- El periodista, abogado y candidato a Defensor de los Habitantes de la República de Costa Rica, Carlos Hidalgo Flores, presentó este viernes 2 de noviembre ante el Departamento de Participación Ciudadana, Área de Gestión de la Asamblea Legislativa, un proyecto de Ley para modificar un artículo de la Ley número 7319 de la Defensoría de los Habitantes.
Con este proyecto, Hidalgo pretende que «el resultado de las investigaciones que realiza la Defensoría de los Habitantes contra las acciones, omisiones o actuaciones materiales del sector público o de los sujetos de Derecho Privado que prestan servicios públicos sean de acatamiento obligatorio por parte de la institución a quien se refieran y que no queden estas como una mera recomendación como está actualmente, por lo que muchas veces las personas que se vieron afectadas en sus derechos no reciben una solución», según indicó.
«Mis más de 10 años en la función pública me ha permitido ver como algunas acciones u omisiones lamentablemente de algunas instituciones, tienden a perjudicar o ir en detrimento de algunos derechos fundamentales de algunos usuarios quienes a veces no tienen quien les defienda, les asista, sea la voz de aquellos que pese a que la tienen físicamente los han enmudecido», comentó Hidalgo.
El artículo 14 de la Ley que se busca modificar, indica que si la Defensoría detecta algo irregular, debe “recomendar” a la institución pertinente, bajo una actuación basada meramente en el “control de legalidad.
En los próximos días, este se someterá a un consenso entre las fracciones legislativas «a favor de las clases más necesitadas», informó Hidalgo a AM Prensa.
Según aclaró el periodista, el proyecto no busca que la Defensoría se imponga a las instituciones, sino que esta tenga mayor autoridad para resolver las quejas presentadas por la ciudadanía y que lo resuelto por esta no quede simplemente en una recomendación para la entidad denunciada.
«Lo que se busca es que esa resolución, luego de que el caso lleve su debido proceso, sea acatada de manera obligatoria para poder emendar aquella acción u omisión de aquella institución que haya afectados los derechos de alguna persona. Lo que queremos es que los ciudadanos sientan que las instituciones corrigen sus faltas en aras de que sus derechos y servicios que se les brinda sean cada vez mejores», expresó.
