Redacción- La Contraloría General de la República examinó el proceso de adquisición de bienes y servicios realizados en la Municipalidad de Limón. Puntualmente, la entidad analizó 27 procedimientos de contratación hechos por el gobierno local limonense en los años 2016 y 2017.
Según dicta el estudio, «se evidenció que las compras no fueron efectuadas de forma planificada, y no existe vinculación con la planificación operativa y estratégica de la Municipalidad.
Además, la decisión que da inicio al procedimiento de contratación administrativa carece de algunos de los requisitos establecidos en la normativa como lo son la definición de los controles de calidad a aplicar en la ejecución contractual, estimación del costo del objeto contractual, definición del encargado del contrato, y cronograma de actividades y plazos», se puntualiza en el informe.
Asimismo, se señala que «tampoco, se acredita la descripción del objeto y las especificaciones técnicas de las obras o servicios requeridos en 9 de las contrataciones analizadas. Adicionalmente, se determinó procedimientos clasificados como de excepción, sin que dicha clasificación sea congruente con la
señalada el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa».
Por otro lado, se identificaron 17 casos en los que se lleva a cabo el acto de adjudicación a oferentes sin que estos cumplieran los requisitos establecidos en el cartel, se evidenció que en 15 procedimientos solo uno de los proveedores invitados presentó oferta de los bienes solicitados, dado que los restantes invitados no disponían de los artículos que se requerían en el cartel.
A esta municipalidad se le asignó un monto de ¢3.485,78 millones, correspondientes a recursos públicos, para el periodo 2016 y 2017. Para este informe, DFOE-DL-IF-15-2018, de evaluación de razonabilidad de los controles y buenas prácticas, la Contraloría revisó la muestra de expedientes de contratación administrativa por ¢1.318,99 millones, que equivalen al 38% de monto total de procedimientos adjudicados en los años señalados anteriormente.
Ante este panorama, la entidad giró una serie de recomendaciones al gobierno local limonense y ya se está investigando para determinar «presuntos» responsables.
