- Por decisión unánime tras ser retomado por Karine Niño
Redacción – Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos dictaminó de forma afirmativa el expediente 20.648, el cual fija 10 años de castigo para empresas que le incumplan al Estado.
Con esta modificación se establece que la administración, una vez concluido el debido proceso, inhabilitaría a los involucrados para participar en los procedimientos de contratación administrativa relacionados con proyectos de infraestructura vial pública, por un periodo de 3 a 10 años según la gravedad de la falta, a la persona física o jurídica que incumpla o cumpla de manera defectuosa con el objeto del contrato, o infrinja los programas de trabajo pactados.
Esta sanción aplicaría para participar en los procesos de contratación administrativa desarrollados por la administración central, la descentralizada y las municipalidades.
La iniciativa fue presentada pasado por el ex legislador liberacionista Michael Arce y, en esta legislatura, la diputada Karine Niño lo retomó y presentó una moción de texto sustitutivo, el cual modificaba algunos puntos y recapitulaba observaciones hechas por otros legisladores.
“Esta iniciativa busca corregir una problemática de años en el país, por ejemplo en el caso de infraestructura vial el país se encuentra en un rezago terrible, a tal punto que ostentamos la posición 123 de 137 países en cuanto al nivel de competitividad por concepto de infraestructura de caminos según el Índice de Competitividad Global 2017-2018″, señaló la diputada.
Para la verdiblanca, la urgencia de leyes eficientes para el desarrollo del país es inminente, pues en este casi pese a que el Lanamme UCR ha señalado más de 500 evidencias sobre incumplimientos y deficiencias en contratos de obra pública vial en los últimos 5 años, la Contraloría General de la República solo evidencia tres casos de inhabilitación para empresas que incumplen en esta materia y en ningún caso han sido empresas constructoras.
“Uno de los sectores más afectados con los incumplimientos en obra pública son las municipalidades, por ello también las hicimos parte de este proceso y realizamos consultas a casi 17 Gobiernos Locales, todas respondieron a la consulta de este proyecto, 16 se encuentran a favor de esta iniciativa por lo cual se refleja un amplio apoyo y legitimidad del sector local”, añadió la liberacionista.
