- Gobierno presentó el proyecto a la Comisión de Asuntos Económicos
Redacción – El proyecto de ley 21.227 presentado por el gobierno, para regular las plataformas tecnológicas para que coexistan con taxistas, desconoce realidad de usuarios y socios colaboradores, según Uber.
Así lo determinaron luego de revisar y estudiar el proyecto entregado a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.
«A pesar de ser un primer paso en la dirección de regular la movilidad colaborativa en Costa Rica, la visión del gobierno está lejos de ser una propuesta que fomente la innovación, la competencia y el desarrollo de la tecnología», indica la empresa.
Uber argumenta que la propuesta sólo incluiría a un número limitado de personas a ser conductores, lo que perjudicaría a la sociedad trabajadora por el campo laboral tan reducido.
«En la comunidad de Uber ya hay más de 22 mil familias que están generando ingresos y este proyecto limitaría sus oportunidades actuales, así como la apertura de nuevas opciones para las generaciones futuras de Costa Rica», afirmó el gerente general de esta herramienta digital para transporte, Andrés Echandi.
«Además, pone un tope artificial a la oferta, la cual hemos podido atender de manera eficiente frente a la demanda del servicio de 783 mil usuarios de diferentes zonas del país», destacó Echandi.
Lo anterior, según la compaía, podría traer como consecuencia que los tiempos de espera se dupliquen o, peor aún, que no se encuentren vehículos disponibles en muchas zonas del país y en horas pico.
Por otro lado, los socios colaboradores deberían pagar un canon anual de $35 y un cargo adicional de $200 por cada vehículo.
«Esta medida afecta principalmente a quienes realizan viajes sólo durante una fracción de su tiempo para pagar sus estudios universitarios, generar un ingreso extra para sus familias, cuidar de sus hijos medio tiempo o aquellos que por motivos de edad o salud no pueden conducir por muchas horas al día», resaltó el gerente.
Uber le solicita a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa a contemplar todas las propuestas presentadas e iniciar discusiones inclusivas que den como resultado un proyecto innovador, que promueva las oportunidades del futuro y no las limitaciones del pasado.
