• PANI se encargará de realizar el trámite legal respectivo

Redacción- Un padre de familia o encargado que desista de llevar a menores a su cargo a aplicarse las vacunas correspondientes, se exponen a que sus casos sean llevados hasta el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para su respectivo trámite legal.

Intereses personales, costumbres o creencias pueden motivar a un padre de familia a resistirse a que su hijo o hija reciba las vacunas respectivas que por mandato de salubridad deban ser aplicadas.

El Ministerio de Salud Pública, como ente encargado de salvaguardar la salud de la población, tiene la responsabilidad y deber de garantizar la protección de los menores de edad. Por eso, en primera instancia, las autoridades encargadas de los procesos de vacunación negocian con los padres o encargados que se oponen a esta con el propósito de llegar a acuerdos, evitar conflictos y lo más importante, vacunar a los pequeños.

«Uno no quiere generarle un problema a la gente, que se sienta agredida por el sistema de salud o que la persona diga ‘es que me están tratando de obligar’.

Se le da toda una explicación lógica a la persona para que logre entender el por qué e importancia de la vacunación», indicó Roberto Castro Córdoba, jefe de unidad de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud.

Pese al esfuerzo de hacerle entender al padre de familia la importancia de que los menores reciban las vacunas respectivas, en algunas ocasiones, los encargados no acatan el mandato y es ahí donde se gira una orden sanitaria o se coordina con el PANI para advertir a la familia sobre las implicaciones legales.

«En caso de que los padres o responsables del menor no procedan con la vacunación, la Ley General de Salud, la Ley de Vacunación, la Ley de Niñez y Adolescencia, así como la Norma Nacional de Vacunación y jurisprudencia de la Sala Constitucional obligan a los funcionarios de la CCSS a notificar al nivel local del Ministerio de Salud y al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) quienes procederán con el respectivo trámite legal para que el niño o la niña sea vacunado», indicó el Ministerio de Salud Pública ante la consulta realizada por AM Prensa.

Ideologías que se oponen a la vacunación existen en todo el mundo y Costa Rica no escapa de esta. Se sabe de casos de costarricenses que no vacunan a sus hijos por este motivo; sin embargo, la legislación del país es clara en cuanto a la potestad del Gobierno de proteger a toda la población mediante la vacunación.

«No es una decisión que radica exclusivamente en el padre, es una obligación precisamente por la potestad del Estado de proteger a toda la población», dijo Daniel Salas, ministro de Salud en conferencia de prensa este jueves tras conocerse la noticia de dos casos confirmados de menores de edad con sarampión en el país.