Minor Araya Salguero
Criminólogo – Exjefe OIJ
No, lamentablemente el título no refiere a aquella famosa película cómica de 1994; (Baby’s Day Out) escrita por John Hughes. En realidad refiero a aquellas personas que, al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito o contravención en el Código Penal o leyes especiales, tengan una edad comprendida entre los doce años y menos de dieciocho años; sujetos todos a Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa Rica.
No, tampoco es un asunto de cuestionar el rango de edad, ya que comparto y respeto las regulaciones que al respecto se tienen (Constitución Política; Ley de Justicia Penal Juvenil; Convención de los Derechos del Niño y el acervo de Naciones Unidas; Código de la Niñez y la Adolescencia). Tratar siquiera, de insinuar bajar la edad de distinción y sujeción por debajo de los 18 años, no sólo sería subjetivo, sería discriminatorio – en mi criterio – al irrespetar el principio de Igualdad ante la Ley.
Lo que aquí si trataré de fijar es un llamado a la reflexión, a la realidad, al respeto por los derechos de las víctimas y los de una sociedad costarricense que paulatinamente es cercada – cada vez más – por el inclemente crimen; uno que nace, crece, se reproduce, se adapta y evoluciona copiando no solo lo interno, sino lo transnacional…
Medellín, miércoles 27 de marzo. Con un revólver calibre .38 el “niño sicario” cumple con su encargo eficazmente; hace que sus dos objetivos (un comerciante, 43 años y un mensajero, 20 años) le subestimen e incluso le ignoren para luego, con una técnica de disparo más convincente – desde mi perspectiva – que la utilizada por muchos policías, darles muerte in situ, hiriendo a un tercero.
Segun la Agence France-Presse (AFP), el presunto homicida pretendió engañar a las autoridades con un documento de identidad de su hermano de 13 años, “…para eludir la responsabilidad penal amparado en una ley que impide procesar a menores de 14 años.”. No obstante, se comprobó que cumplió 14 años el 18 de diciembre de 2018. En otras palabras, el homicida, conocido por la Ley Penal costarricense como Menor Infractor, sabía de los alcances de la normativa colombiana (no más allá de los 13 años, la persona se considera un niño; por tanto, no sujeta al Derecho Penal) queriendo evadir esta con argumentos interesantes…
El adolescente – claro está – según la Fiscalía, estaría relacionado con diez asesinatos más y por supuesto, no faltaba más, fue contratado por una banda narco conocida como La Torre. Es un hecho, el delincuente se nutre de todo lo que esté a su alcance y los hechos criminales de la historia no son precisamente la excepción. Basta con resaltar, que estos hechos ocurren en la ciudad de Medellín la otra capital del narcotráfico “…donde Pablo Escobar Gaviria armó un ejército de jóvenes sicarios que sembró el terror desde finales de los años ochenta hasta 1993, cuando fue abatido.” (Hispantv),
Quizá algunos ticos, por una u otra razón, crean que “vale más que esto no pasa aquí…” o bien, que “Costa Rica es un país bendecido, esto no pasará aquí, nosotros somos diferentes…”. Si usted es una de estas personas, me temo desilusionarlo. Nuestra realidad criminal es una cuya violencia va en aumento, en evolución y de la mano – probablemente – de su amigo predilecto: el Sistema de Justicia Penal.
“Compa, ¿porque no están esposados…?” – me pregunta Blanco – “Son dos chiquillos y ya los revisamos; tenían cuchillos…” fue lo que, a inicios de los años 90, contesté a mi oficial de guardia de apellido Blanco; por cuanto, eran dos los sospechosos de varios asaltos con arma blanca en el centro de Limón. Ambos estaban bajo nuestra custodia. Lo peculiar era que, el mayor apenas tenía 10 años y el menor 9. ¿Qué daño a tres agentes del OIJ, podrían hacer dos niños ya desarmados…?
“Compa ¡cuidado! son de calle y la calle es otra vara…” – replicó el experimentado agente al escéptico, a mí – Blanco optó por sentar al mayor sobre el mostrador de la oficina y así, saber más de ellos. “¿Cómo te llamas…?” – preguntó al niño – la sorpresiva respuesta del menor fue un fuerte puñetazo en el ojo, como parte de un gran pero infructuoso esfuerzo por hacerse del Smith & Wesson .38 Spl que portaba su “trillado entrevistador”. El niño de 9 años también hizo su esfuerzo uno sincronizado pero obstaculizado, por alguien que ese día aprendió un poco más sobre la realidad criminal en la calle; por mí persona.
En la historia criminal costarricense son muchísimas las víctimas de delitos cometidos por menores de 18 años y muchas las víctimas de “delitos de sangre”. Muchos son los casos…
En septiembre de 2017, la Policía Judicial (OIJ) detuvo a un menor de 16 años, como el principal sospechoso de dos asesinatos en la zona de Sarapiquí. El OIJ, según La Nación, no descartó que el detenido también estuviera involucrado con otro asesinato “…ocurrido en Puerto Viejo de Sarapiquí, donde murió baleado un menor de 17 años, de apellidos Sánchez Vega…”. Curiosamente, el Menor Infractor tico al igual que el colombiano, también usaba un revólver para ajusticiar a sus víctimas.
Para el 7 noviembre de 2017, ya eran 243 menores, en su mayoría varones, que cumplian condenas en cárcel (Centro del Adulto Joven en La Reforma y el Centro de Formación Juvenil Zurquí) por delitos graves, como homicidio calificado, abuso sexual, robo agravado y tentativa de homicidio.
Por desgracia, Costa Rica no es ni será – según parece – la excepción ¿Porqué…? Para muestra “un botón” puede ser suficiente…
En el año 2010, un colegial de 17 años mató de un disparo a Nancy Chaverri, 49 años. La víctima era la directora del Colegio Montebello en Heredia, Al estudiante le dictaron nueve años de prisión “…cuando cumplió la mitad de la pena quedó en libertad por disposición de los jueces Erick Calvo Rojas, Flory Chaves Zárate y Gustavo Jiménez Madrigal” (La Nación). En este año (2019), el sentenciado quedará desvinculado por completo de Adaptación Social al completar el plazo de sentencia.
Unos cuatro años de encierro por un homicidio que sacudió a todo un país, podría ser “un buen negocio” para un sociópata. Un mensaje equívoco que sin duda alguna, cuesta caro a una sociedad. Una de las razones por las cuales, al criminal adulto le atrae “contratar” menores y hacerles bailar a su ritmo. En octubre 2017, en San Carlos, el OIJ capturó a un menor de 15 años de edad, sospechoso de integrar una banda narco, liderada por un sujeto de apellido Ramos, conocido como Gorila.
Señor Ministro de Seguridad Pública, señor Director del Organismo de Investigación Judicial, si de Políticas de Seguridad Ciudadana ustedes están ocupados, no está de más revisar:
1. El debido cumplimiento de las penas.
2. Los Derechos y respeto por las víctimas.
3. Los Derechos y respeto por los ciudadanos.
4. El debido respeto por el arduo y difícil trabajo policial.
5. La responsabilidad de los padres para con sus hijos.
6. La responsabilidad de las instituciones públicas cuya naturaleza de trabajo, es el menor y su bienestar.
7. El debido control estatal sobre la crianza, educación y comportamiento social que debería – en buena teoría – evitar, corregir y alertar al sistema.
8. La situación y oportunidad laboral del menor de edad (debido a tanto absurdo obstáculo, no se le contrata) evitando al máximo, que este se encuadre dentro del término “NINI”.
9. El debido respeto y cumplimiento de las Leyes Penales de Costa Rica.
10. El desempeño de nuestro Sistema de Justicia penal.
Porque la seguridad ciudadana es asunto de todos los costarricenses, se debe corregir, de inmediato, todo aquello que alcahuetea al malviviente y así evitar ser el hazmerreír de este. Titulares como “Dos delincuentes fueron detenidos por la policía 4 veces en un mismo día ya que los dejaron libres” (Telenoticias) solo nos dicen una cosa: Estamos trabajado mal.
Dedicado al agente de investigación criminal Arnoldo Vargas Barboza, quien hasta hoy, sirviera con decoro a su país a través del Organismo de Investigación Judicial (Delegación Regional de Cartago). Como su compañero, fui testigo de su valor y alto desempeño en las calles cartaginesas. Hoy él recibió el llamado de Dios.