Brindar el servicio de salud pública a los costarricenses es esencial y el no hacerlo, con huelga o no, le dejó a la Caja Costarricense del Seguro Social cerca de 7 mil recursos de amparo el año anterior, aseguró Román Macaya, presidente de la institución.
Él alegó que la Sala Constitucional no hace ninguna distinción si hay huelga o no. “El servicio debe ofrecerse”.
Además, le dejó claro a la Comisión Legislativa que la huelga del año pasado provocó la suspensión de 3706 cirugías y 129 mil citas externas que no se realizaron, por excesiva carga de trabajo y “cuyas implicaciones tienen rostro humano”.
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La huelga generó un monto en pérdidas que ronda los 15 mil millones de colones y un costo escondido porque el equipo gerencial, debe enfocarse en que los servicios estén abiertos y en los temas de logística durante todo el proceso de huelga.
Carlos Ricardo Benavides, diputado liberacionista, le consultó a Macaya que si estarían dispuestos a respaldar el artículo 375 BIS que brinda la potestad al juez para que ordene a los trabajadores que se reincorporen a sus puestos laborales en 24 horas.
El Presidente de la Caja dijo que no podía dar su opinión sobre este tema porque era una decisión de la Junta Directiva.
“Comparto la preocupación de que la huelga en este tipo de servicios esenciales afectan a los más pobres, porque una persona con recursos puede ir a una centro médico privado, sin embargo, los otros no”, aseguró Benavides.
