Ivonne Acuña
Diputada independiente
El 15 de mayo es un día de celebración, pero sobre todo es un día propicio para reflexionar y poder precisar en cuanto a los desafíos que enfrenta la familia en la actualidad.
Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1993 esta celebración, lo hizo reconociendo la extraordinaria relevancia que tiene la familia en el desarrollo económico y social de las naciones y como fundamento incuestionable de la sociedad.
Esa importancia de la familia continúa vigente, quizás hoy más que nunca, porque debido a sus características intrínsecas y a los cambios que han tenido lugar en sus estructuras y dinámicas, el asegurar o no su fortaleza, salud y bienestar determinará de manera ineludible el futuro de la sociedad.
Del mismo modo en que ha sucedido en gran parte de los países de Europa y del sur de nuestro continente, uno de los más importantes desafíos que enfrenta la sociedad se relaciona con la reducción de la tasa de natalidad y el sistemático proceso de envejecimiento de la población.
Estos cambios sociológicos y demográficos tienen un impacto directo en la vida económica de una sociedad y, como lo han señalado diversos especialistas, comprometen el futuro y la sostenibilidad de una nación.
Lo que sucede en muchos países es un verdadero suicidio, como lo denominan muchos expertos. En el viejo continente, por ejemplo, tal y como lo afirma Paulo González de Castejón, «según Eurostat, en el año 2016, hasta 15 países tuvieron más muertes que nacimientos. Se trata de: Bulgaria, República Checa, Alemania, Irlanda, Grecia, España, Croacia, Italia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, Portugal, Rumanía y Serbia».
Pero a pesar de la advertencia que se ha venido formulando con relación a esta realidad, en nuestro contexto, es muy poco lo que se ha hecho para revertir este proceso. La falta de conciencia es evidente cuando se constata la inexistencia de políticas públicas dirigidas a la protección, fortalecimiento y promoción de la familia.
En pleno siglo XXI, una agenda del Estado que no coloque como prioridad el bienestar y fortalecimiento de la familia, no solo conduce a un creciente deterioro de la sociedad, sino que dirige a un inevitable colapso del sistema de bienestar.
En Europa esta realidad la han empezado a entender la mayoría de los partidos políticos, y por eso se han incorporado en los programas de gobierno y se han adoptado posteriormente en la gestión pública, importantes medidas legislativas y de políticas públicas en beneficio de la familia y de sus miembros.
Una de esas medidas, y que es fundamental también para la realidad costarricense, corresponde al apoyo que se le debe otorgar a las familias numerosas.
En los tiempos actuales, con una tasa de natalidad de 1.7 (muy por debajo de la tasa de reemplazo generacional), las familias han reducido su tamaño, en parte, porque las nuevas parejas ven en la situación económica un impedimento para aspirar a tener varios hijos, aunque para muchas de ellas ese fuese su deseo. En consecuencia, debido a esos obstáculos y limitaciones financieras, se ha reducido la tasa de natalidad y la pirámide poblacional tiende a invertirse aceleradamente.
Ante esta situación, se requiere entonces con urgencia realizar esfuerzos concretos para apoyar a las familias numerosas. El aporte que estas familias le proporcionan a la sociedad exige que ésta les retribuya con condiciones y medidas favorables para el acceso igualitario de sus miembros al disfrute efectivo de los bienes económicos, sociales y culturales.
En este sentido, en el marco de celebración de la Semana Nacional de la Familia y del Día Internacional de la Familia, como diputada de la República, he creído necesario presentar el Proyecto de Ley para el «Reconocimiento y apoyo a las Familias Numerosas».
Con esta iniciativa (para la cual nos hemos fundamentado en la Ley de Familias Numerosas española) procuramos que las personas puedan elegir libremente la cantidad de hijos que desean tener, criar y educar, sin que las limitaciones económicas se constituyan en un desestímulo para ello.
En este sentido, sabiendo la importancia que tienen las familias numerosas para la sostenibilidad del sistema económico de una sociedad, se crean para ellas y sus miembros condiciones favorables para que puedan tener de manera igualitaria acceso a los bienes y servicios. Un principio que en países como España se ha impulsado acertadamente bajo la frase para que «ser más, cueste menos».
