Ana Lucía Delgado, diputada liberacionista. AMPrensa.com
  • Se desembolsó el 95% del costo de ambas obras, sin embargo, aún no han iniciado

Redacción.  Ana Lucía Delgado Orozco, diputada liberacionista, denunció esta tarde,  en el espacio de control político, que una vez más, el Ministerio de Cultura evade los procedimientos de la Ley de Contratación Administrativa y mediante un convenio le solicita al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), construir dos edificios, los cuales rondan los $4.6 millones.

Se trata de la construcción del Centro de Acopio en San Juan de Tibás, con un costo de $2.6 millones, cerca de ₡1.640 millones, y la construcción del Centro de Formación y Capacitación del Parque de Desarrollo Humano de Alajuelita, valorado en más de $2 millones, unos ₡1.270 millones.

De acuerdo con Delgado, ambos convenios no solo contienen la cláusula que dispone el depósito, por adelantado, del 95% de los costos totales en las cuentas del ICE, sino que fueron firmados y remitidos el mismo día (22 de diciembre del 2017) al Ministerio de Hacienda para su adelanto, los cuales se pagaron el 31 de enero del 2018 desde la subpartida de edificios.

Lo preocupante es la forma cómo administran y resguardan los fondos públicos, ya que durante el 2018, la cartera de Cultura pudo haber girado al ICE $9.6 millones, unos ₡5.900 millones, por proyectos que hoy, ni siquiera han iniciado su fase constructiva”, señaló la legisladora del PLN.

Semanas atrás, Delgado también había denunciado en el Plenario, otro convenio irregular entre ambas instituciones por aproximadamente $4.4 millones para la construcción del Centro Cultural de Bandas, en la comunidad de Santa Lucía de Barva, en Heredia.

“Quiero dejar claro, que nadie duda de la necesidad de las obras, pero si el Estado quiere aprovechar la experiencia técnica de otra institución del sector público, debe hacerlo con apego al marco de la legalidad, bajo los procedimientos correspondientes”, dijo.

La información recopilada en esta investigación será trasladada a la Contraloría General de la República para lo que corresponda.