Redacción. Con el propósito de desmentir los argumentos explicados por 11 legisladores en la consulta de constitucionalidad sobre reforma a la Ley de Armas y Explosivos, Enrique Sánchez, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), presentó a la Sala Constitucional un informe para demostrar la invalidez jurídica del texto.
Uno de los argumentos que se incluye en la consulta es que las medidas de la reforma son excesivas, desproporcionadas y lesionan un supuesto derecho a portar armas.
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En realidad, la portación de armas nunca ha sido un derecho protegido por la Constitución Política o Convenciones, sino un limitado permiso otorgado por el Estado.
“La reforma admite la posibilidad de que una persona porte hasta dos armas, pero se puede restringir ese permiso para proteger la vida de los demás y la seguridad ciudadana. Por eso, son totalmente válidos requisitos como exigir una renovación cada seis años de la matrícula de armas” expresó el diputado.
Otro argumento de la consulta es una supuesta violación al principio de inocencia, al prohibir la portación de armas de fuego a personas que han sido elevadas a juicio por delitos violentos. Sin embargo, el principio de inocencia se refiere exclusivamente a sanciones penales privativas del derecho de libertad.
“Es ilógico esperar que una persona acusada de delitos violentos sea juzgada para proceder a revocar su permiso de portación de armas. No se trata de una violación al principio de inocencia, sino una salvaguarda para proteger la paz social y la vida de las personas”, puntualizó Sánchez.
Además, la consulta menciona que es una violación a la propiedad privada reducir de 3 a 2 el número de armas que una persona puede tener. Sin embargo, los legisladores tienen la potestad de establecer los criterios de legalidad para la adquisición legítima de cualquier propiedad, en especial aquellas como las armas de fuego, que pueden ocasionar crímenes en contra de la vida de las personas.
