- José María Villalta fue quien expuso la problemática
- Edificio pertenece a la familia Raventós
Redacción – Una empresa privada ahora tiene en su poder el antiguo edificio de Bancrédito tras adquirirlo a través de una subasta y se postuló para que el Ministerio de Educación Pública (MEP) lo elija como sede para sus oficinas admnistrativas centrales; sin embargo, esto ha sido cuestionado en la Asamblea Legislativa.
El diputado José María Villalta fue quien expuso en este caso en el Plenario. Ahí comentó que el Banco de Costa Rica (BCR) decidió subastarlo, debido a problemas de infraestructura, a un precio menor de su avalúo. La ahora empresa dueña es GRCA S.A., de la prima hermana de Nuria Marín Raventós, esposa del excandidato presidencial Antonio Álvarez Desanti y dueña de otros edificios que el MEP alquila.
Además, el BCR afirmó que el dinero que recibió por esa subasta, lo destinó al pago de las deudas tributarias con el Ministerio de Hacienda, pero el congresista considera que este pudo haber sido entregado como pago de una parte de la deuda millonaria que la entidad bancaria tenía con Hacienda, el lugar de que el banco “se acogiera a la amnistía del plan fiscal”.
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A raíz de la oferta que le envió la empresa, AMPrensa.com le hizo una consulta al MEP para conocer si ha tomado en cuenta este edificio para trasladarse.
«Durante el periodo de recepción ingresaron 19 ofertas, entre ellas efectivamente se encuentra el inmueble citado, estas ofertas se estarán analizando, y se tomará la decisión conforme lo dicta el marco legal vigente. En este momento nos encontramos en el periodo de análisis de las ofertas, pertinentemente estaremos anunciando cualquier decisión sobre este tema», indicó Gerardo Azofeifa, el vocero asignado.
Por fuera de quién se los alquile o lo que sucede entorno a este, la institución asegura que escogerá uno adecuado para los servicios que brindan en las oficinas, así como para reducir los tan cuestionados montos para los alquileres.
«El MEP abrió la recepción de ofertas, para encontrar un local que cuente con las condiciones para albergar las oficinas administrativas centrales, de forma que podamos mejorar el servicio a nuestros usuarios, las condiciones de trabajo de nuestro personal, y reducir el costo en alquileres», explicaron.
El principal cuestionamiento tiene que ver con que el edificio no pudo quedar en manos del Estado porque un informe de la Gerencia de Obras Civiles determinó que se necesitarían $10 millones para rehabilitarlo y $874 mil anuales para su mantenimiento, así que decidieron venderlo a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)
