Foto: Adrián Meza Cordero.
  • Afectados presentaron denuncias ante el Ministerio Público

Redacción- La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)   comunicó que cuatro oficiales de la Fuerza Pública interpusieron una denuncia contra el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), por los delitos de falsedad ideológica, prevaricato, supresión, estafa procesal, ocultación y destrucción de documentos.

Las denuncias fueron presentadas ante el Ministerio Público y son tramitadas bajo los expedientes número 19-179-619,19-295-619, 19-296-619, 19-294-619, los hechos denunciados se deben a la destrucción dolosa de pruebas documentales por parte del CISED, las cuales serían claves en juicios laborales contra el MSP.

Según alegan los afectados, el MSP, bajo la figura del Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED), tendría como objetivo afectar a los oficiales de la Fuerza Pública para que «sus reclamos laborales no puedan prosperar».

La abogada penalista de los oficiales de la Fuerza Pública, Milene Arroyo Sánchez, explicó que durante los juicios laborales y en virtud de la normativa, es a la parte patronal a quien le corresponde aportar la prueba con la que se puede demostrar dichos extremos; ya que es el MSP quien la tiene en su poder y custodia.

«El CISED ha estado ordenando la destrucción indiscriminada del expediente personal del policía, registro de control de asistencia, registros de control de entrega de armas, archivos, bitácoras de entradas y salidas, tarjetas de marcas, constancias de planillas, contrato laboral, libros de roles.

En estos documentos se llevaba el control de los horarios y jornadas laboradas para todos y cada uno de los servidores policiales y por ende de los policías que demandaron laboralmente, haciendo nugatorios sus derechos, ya que al no existir prueba que respalden sus reclamos se declaran sin lugar sus demandas», explicó la defensora.

Según la denuncia, la destrucción de documentos también se estaría presentando posterior a que el Juzgado de Trabajo previene al MSP de presentar dicha documentación, lo que se convertiría en un desacato a los mandamientos judiciales.

Según la ANEP  este tipo de casos no deben quedar impunes y deben ser conocidos por la opinión pública, pues se estaría afectando a 15.000 servidores pertenecientes a todas las policías adscritas al MSP.