- Robos y asaltos a contenedores crecen 44% entre 2018 y 2019, mientras sector informal de la economía pasa de 42% a 46%.
- Con el valor de las mercaderías robadas Hacienda dejaría de percibir aproximadamente ¢3.500 millones.
Redacción- Los empresarios de alimentos y bebidas de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) nuevamente levantan la voz por el crecimiento en la cantidad de asaltos y robos a contenedores que sufre este sector, cuyos productos son posteriormente comercializados en el sector informal que todos los años crece, sin que existan señales claras por parte del Gobierno para atacar sus causas.
Según los datos oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre 2018 y 2019 los casos de asaltos a contenedores con mercaderías se han incrementado en un 44% y, acorde a los últimos reportes dados a conocer por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio; el sector informal de la economía pasó de un 42% a un 46%, visualizando la descomposición social y económica, que termina afectando las posibilidades de crecimiento, en un mercado interno formal cada vez más comprometido.
Durante el último año se han reportado ante las autoridades 150 contenedores robados, pero se estima que estos representan solamente el 30% de los casos reales. En medio de esta realidad, el golpe del crimen organizado rondaría los ¢24.000 millones, con un golpe al fisco superior a los ¢3.500 millones de colones al año.
Por esta razón, en una nota enviada a la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, el pasado 19 de junio, los empresarios de alimentos manifiestan la necesidad de ejecutar acciones coordinadas entre diversas instituciones como Hacienda, Seguridad, OIJ, Policía Fiscal, Aduanas, Economía y Salud, entre otras, pues los golpes que el hampa está dando, violenta toda la normativa que dichas instancias deben tutelar.
“Muchas acciones delictivas suceden en carretera, pero también en las instalaciones de JAPDEVA, que se encuentran bajo la tutela de las autoridades del Estado, motivo por el cual, preocupa el desinterés con que la mayoría de las instituciones mira este flagelo”, señaló Maurizio Musmanni, presidente de CACIA.
Los empresarios califican la actuación de la fuerza pública como positiva; no obstante, consideran que el esfuerzo es insuficiente pues la problemática es mucho más compleja.
“Es necesario activar los controles municipales; de calidad y protección del consumidor a cargo de Economía; del control sanitario a cargo del Ministerio de Salud, del SENASA y del Servicio Fitosanitario del Estado; de la Policía Fiscal por la fuerte evasión tributaria y del sistema carcelario, por la recurrente participación del crimen organizado que no mira gran amenaza en la actual administración de la justicia”, agregó Musmanni.
Los empresarios de alimentos son enfáticos al señalar el estado de alarma y crisis en que se encuentra la industria nacional por esta situación y señalan el desinterés e inacción del Estado, como factor fundamental que genera incertidumbre y desaceleración de la inversión capaz de reactivar la economía.
